En un escenario económico signado por el sobreendeudamiento y la contracción del consumo, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que busca aliviar la carga financiera de familias y empresas por deudas con los bancos. La medida alcanza a morosos y cumplidores por igual.
La medida para sanear deudas alcanza tanto a morosos como cumplidores por igual.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y unificada con propuestas de los diputados Jorge Difonso (La Unión Mendocina) y Gabriela Lizana (Frente Renovador Línea Nacional), obtuvo un respaldo unánime en el recinto y contempla un esquema de alivio impositivo para incentivar la renegociación de pasivos en el sistema financiero.
El proyecto define como refinanciación a toda operación en la que una entidad acreedora modifique las condiciones originales de un crédito -incluyendo cuotas, plazos, tasas de interés o garantías- con el objetivo de facilitar el pago y mejorar la cobrabilidad.
Unos 875.000 deudores en Mendoza
El régimen no solo cubre la renegociación directa con la entidad de origen, sino también aquellas operaciones destinadas a cancelar pasivos contraídos con otras instituciones financieras.
Según los fundamentos de la norma, la coyuntura de los últimos años provocó un incremento sostenido de la morosidad en la provincia, con un aumento de deudores categorizados en las escalas 2, 3, 4 y 5 del Banco Central.
En el recinto, la diputada oficialista Elisabeth Crescitelli precisó que en Mendoza existen unas 875.000 personas registradas como deudoras dentro del sistema, de las cuales cerca de un tercio presenta irregularidades en el cumplimiento de sus pagos.
A pesar de este diagnóstico, el texto aclaró que los beneficios no se limitan de manera exclusiva a los morosos. La ley alcanzará también a los deudores al día que busquen renegociar créditos contratados previamente a tasas más elevadas.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la elevada morosidad encarece el crédito general mediante un aumento del riesgo sistémico, por lo que sanearla beneficiará de forma directa a la totalidad del mercado local.
Beneficios fiscales punto por punto
Para incentivar a los bancos y entidades crediticias a flexibilizar sus contratos, la norma establece un esquema de facilidades impositivas que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por 6 meses adicionales por parte del Ejecutivo:
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Exención total del Impuesto de Sellos: todas las operaciones de refinanciación que encuadren en el marco legal quedarán 100% exentas del pago de este tributo provincial.
Reducción en Ingresos Brutos para bancos: las entidades otorgantes abonarán una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos por las operaciones de refinanciación.
Requisitos de tasa y plazo: para acceder a la rebaja de Ingresos Brutos, la refinanciación deberá ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) que no supere el 40% y establecer un plazo de cancelación no menor a los 24 meses.
Controles periódicos y sanciones: las entidades deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM), que cruzará datos con la Central de Deudores del Banco Central. En caso de detectarse irregularidades o falsedad de datos, las empresas perderán los beneficios y afrontarán multas e intereses previstos en el Código Fiscal.
La norma excluye expresamente de estos beneficios a las operaciones de cesión, venta, securitización o transferencia de carteras de deudores a terceros, con el fin de evitar maniobras elusivas.
El debate en el recinto por la morosidad
Durante la sesión, referentes de las distintas bancadas expusieron sus miradas respecto del alcance de la ley.
Jorge Difonso (LUM) destacó que la iniciativa responde a la ruptura de la cadena de pagos en la economía local y consideró necesaria la intervención estatal, al tiempo que celebró que se tomaran puntos clave de su propuesta original.
Gabriela Lizana (FRMLN) subrayó el sesgo social de la norma y el impacto positivo que tendrá en la economía familiar, mientras que desde la bancada del PRO, Jimena Cogo valoró la precisión técnica del proyecto y los mecanismos de control temporal para evitar un costo fiscal permanente.
Desde la oposición, el diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) anticipó su voto favorable aunque cuestionó la distribución de los esfuerzos: sostuvo que el Estado provincial renuncia a recaudación y el deudor compromete sus recursos, mientras que el sector financiero concentra los incentivos tributarios.
Germán Gómez (PJ) calificó el proyecto como "una radiografía de la realidad" marcada por cifras récord de cheques rechazados en todo el país.
Finalmente, Nicolás De Pedro (La Libertad Avanza) respaldó la baja de la carga impositiva y destacó la tendencia a la baja en las tasas que impulsa la banca pública a nivel nacional.
