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Clases presenciales: sigue la guerra judicial entre Nación y Ciudad de Buenos Aires

Nación pidió a la Corte rechazar el reclamo de Ciudad de Buenos Aires para declarar la inconstitucionalidad del decreto de suspensión de clases presenciales.

El Gobierno de la Nación pidió a la Corte Suprema que rechace el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se suspenden las clases presenciales ante "la nueva ola" de contagios de coronavirus.

La presentación fue realizada por medio de un extenso escrito presentado a última hora del lunes por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

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En la misma se sostuvo que el mantenimiento de las clases presenciales en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que entendió al Área Metropolitana de Buenos Aires como una suerte de distrito único.

Si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires "aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios", destacó el Gobierno nacional.

Ello –advirtió el escrito- pondría "en riesgo la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de Ciudad de Buenos Aires sino también de la provincia de Buenos Aires, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano".

En ese contexto, el organismo que reúne a los abogados del Estado pidió que, previo a resolver, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires, para que a través de sus autoridades sanitarias se pronuncie sobre el conflicto planteado por la Capital Federal.

El organismo que encabeza Carlos Zannini alertó sobre el creciente número de contagios y la escasez de camas de terapia intensiva que se comprueba día a día en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

"La saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad. (…) Eso es lo que enfáticamente se busca evitar", sostiene el documento, presentado a última hora del lunes ante la Corte Suprema, por vía digital.

"Resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud", justificó el documento.

Si bien la Procuración del Tesoro se tomó todo el tiempo que le otorgó la Corte para responder al gobierno porteño mediante el mecanismo de "juicio sumarísimo", el texto asegura que la intención oficial es "evitar mayores dilaciones en una causa de trascendencia institucional en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país".

A lo largo de más de un centenar de páginas, la Procuración aclaró respecto de las clases presenciales que "no fue únicamente la posibilidad de contagio que podrían haberse producido dentro de las escuelas" lo que motivó su suspensión temporaria.

"La asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires", que cuantificó en "más de tres millones de niños", unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.

Ese tránsito, que incluye además personal no docente, al sector transportista y otras actividades vinculadas, afecta no sólo a la Ciudad de Buenos Aires sino también a la provincia de Buenos Aires, desde donde provienen parte de los alumnos.

"Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU, ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la provincia de Buenos Aires", remarcó el texto.

Además, la Procuración refutó el argumento de la Ciudad de Buenos Aires sobre una intromisión en su facultad de decidir sobre la educación a nivel local.

"(El DNU) no cercenó el derecho a la educación", puesto que "se adoptó una medida alternativa" para la continuidad educativa, las clases no presenciales, es decir virtuales, que ya están transcurriendo.

El Estado Nacional destacó la necesidad de adoptar medidas para "afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve un colapso sanitario y al consecuente aumento de la morbilidad".

La Corte quedó así en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad respecto de las clases presenciales.