Policiales
Pyme fue desbaratado en 2013 tras la denuncia de una mujer de haber sido víctima de trata y explotación sexual. Hay 12 imputados y más de 60 testigos

La próxima semana continuará el juicio por la causa del prostíbulo vip

Por UNO

El juicio oral a una banda acusada de conformar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual y lavar dinero en la que están involucrados empresarios, médicos, inspectores municipales e integrantes de fuerzas de seguridad, conocida como Pyme Vip,  continuará el próximo jueves en los Tribunales Federales luego de que en la primera jornada declarara el principal imputado, Sebastián Solé, identificado como el dueño del prostíbulo.   A pesar de que el caso tiene más 12 acusados, la mayoría tras las rejas, y más de 60 testigos, el tribunal que lleva adelante el juicio tendría previsto sólo dos jornadas más antes de arribar a la sentencia.

El motivo es que serían pocos los testigos cruciales de la investigación que valga la pena escuchar. También se comenta que una gran cantidad de testigos, mujeres explotadas allí, no asistiría  a contar su vivencia al juicio.

Mientras tanto el jueves que viene seguirán declarando los imputados para defenderse de la acusación de trata de personas con fines de explotación sexual.

Solé, por su parte, declaró durante la primera jornada del debate y en su defensa afirmó que “estoy en contra de la explotación de personas”, calificó el prostíbulo del que era dueño y administraba de “un servicio de compañía femenina” y señaló que las mujeres que trabajaban “eran mayores de 18 años y lo hacían por su propia cuenta”, argumento que no le sirve para esquivar una condena ya que la nueva ley de trata de personas indica que el consentimiento de la víctima no libra al acusado de la sanción penal.  

Sin embargo, la intención del acusado fue en todo momento presentar un relato en el que quiso dar la impresión de que nunca fue consciente de que estuviera violando la ley, tratando de reflejar que ha incurrido en una conducta culposa o negligente y no una dolosa, en la que debe probarse la manifiesta intencionalidad.   

Reafirmó estos argumentos asegurando que estaba tramitando la habilitación municipal y remarcó inclusive que hacía publicidad en la televisión por cable, con gran repercusión para el negocio, y que los servicios que prestaban eran solicitados por hoteles de categoría de la ciudad.

También contó que había sido asesorado para montar el negocio por Omar Suárez, dueño de Cocodrilo, un conocido local de la noche porteña, y por el mediático Jacobo Winograd.  

En el juicio están acusados Sebastián Solé, como cerebro de la banda;  Paola Carolina González Lagos, a quien se la señala como encargada del lugar donde se explotaban mujeres, y Cristian Alfredo Prado Mendoza, encargado de la logística.

Además está imputado el médico Osvaldo Pastorino, quien pagó una fianza de $100.000 para enfrentar el juicio en libertad. A él se lo imputa por haber practicado dos abortos, uno de ellos con riesgo de vida, y por haber colaborado en la explotación sexual de las mujeres.

Los otros imputados son el ex inspector municipal Raúl Cuquejo Kovasznay, a quien se lo vincula por omitir la ejecución de las normas relativas al control del local; Gustavo Marcelo Torres Aguilar, imputado como partícipe del delito de trata de personas, y Nadia Gisela Haro Selis, esposa de Solé y acusada de participar en el presunto lavado de dinero.

Asimismo en el banquillo hay dos policías federales, tres gendarmes y guardias de seguridad que custodiaban el domicilio señalado como prostíbulo que funcionó en Ciudad.

El juez Alejandro Piña es el presidente el tribunal y el caso investiga la explotación sexual de 30 mujeres en un inmueble ubicado en calle 25 de Mayo y Sarmiento .

La denuncia se radicó en febrero de 2013 en Buenos Aires por una mujer que aseguró haber escapado del sitio mencionado y dijo haber visto a mujeres que eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a cambio de mucho dinero. Además aseveró que los servicios se ofrecían a través de páginas web y de las redes sociales.

El 1 de mayo del mismo año se realizó el allanamiento en el lugar indicado por la denunciante por orden del juez federal Walter Bento, quien envió a la Gendarmería y desarticuló la organización.

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