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La Comisaría 18 ubicada en San Carlos.
La imputación sostiene que el efectivo trasladó a la joven hasta los calabozos, la agarró del pelo y la obligó a que le realice un fellatio. Luego ordenó que se enjuague la boca y le dijo: "No digás nada ya que no quiero tener quilombos y nadie te va a creer".
Lo cierto es que la víctima radicó la denuncia por ese hecho y el policía Villar fue detenido el 7 de septiembre. El fiscal del Valle de Uco Facundo Garnica lo imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por se cometido por un funcionario policial y ordenó que quede alojado en la penitenciaría.
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Además del relato de la denunciante, existe otro puñado de pruebas que complican al policía detenido. También se encontró ADN del efectivo policial en una mancha que se encontró en el calabozo -donde la víctima indicó que escupió tras el abuso sexual-.
Fuentes judiciales detallaron que, en contraparte, la teoría defensiva es que se trató de una relación sexual consentida. Por ende esperan los peritajes psicológicos que indiquen si la denunciante tiene un relato creíble o, por el contrario, indicios de fabulación y/o manipulación.
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El policía detenido por el presunto abuso sexual en San Carlos.
¿Prisión domiciliaria?
Jorge Luis Villar se encuentra en el módulo 6 del complejo San Felipe y así será durante los próximos días, pese a los fallidos intentos de su abogado defensor de conseguir el arresto domiciliario. De hecho el 21 de septiembre pasado un juez le dictó la prisión preventiva y el miércoles pasado le negaron un pedido de prisión en la casa de un familiar.
La defensa sostiene que si lo dejan salir de la cárcel no existe riesgo de fuga -tiene arraigo laboral y familiar- ni de que entorpezca la investigación -sólo resta la pericia psicológica de la denunciante que se realizará en los primeros días del año que viene-.
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Pero desde la Fiscalía y los abogados de la víctima indicaron que, al ser funcionario policial, el hombre puede poner piedras en la investigación y que también podría escapar ya que arriesga una pena de entre 8 y 20 años de prisión. En este último sentido falló el juez Marco Martinelli el miércoles pasado, aunque trascendió que la defensa apelará ante un Tribunal superior.
