En los últimos tiempos se registraron en la provincia 7 casos de violencia de género, y en uno de ellos, que sería el más grave, la jueza de Garantías Alejandra Mauricio dejó en libertad al esposo de una mujer que, además de maltratarla y violarla, habría intentado ahogar al hijito de ambos. El hombre, que estaba detenido, pagó una fianza para poder salir en libertad. La magistrada, para tomar esta decisión, consideró que "no existen los elementos de convicción suficientes para dictarle la prisión preventiva".
Esta había sido solicitada por el fiscal de Unidad de Violencia de Género Mónica Romero, y el sujeto estuvo tras las rejas hasta ayer.
Sin embargo, la primera denuncia que radicó la esposa de este hombre fue en la Oficina Fiscal 9 de Guaymallén a mediados de enero pasado, y allí se dispuso su arresto bajo la imputación de abuso sexual agravado con acceso carnal.
Además de accederla carnalmente -según la denuncia-, el hombre la hacía víctima de violencia psicológica y también física desde el año 2011.
Cuando entraron en vigencia las Unidades de Violencia de Género, la causa recayó en manos de la fiscal Mónica Romero, quien decidió que permanezca detenido y le solicitó a la jueza de Garantías Mauricio que le imponga la prisión preventiva que le fue denegada.
Previo a esto y ante el riesgo que corría la víctima, la fiscal dispuso que se le brinde custodia permanente.
Por su parte un tribunal de Familia decidió excluirlo del hogar y la prohibición de acercamiento a su esposa e hijo.
Según se pudo conocer ayer, la decisión de Mauricio será apelada por la fiscal Romero y finalmente será la Cámara Federal de Apelaciones la que decidirá al respecto.
Por el momento la causa continúa su curso normal con el patrocinio de Carolina Jacky y el abogado de la víctima es Lionel Musso (25).
Otro caso
De acuerdo con una versión que circuló fuerte en los ámbitos tribunalicios, la hija de un conocido abogado penalista habría sido víctima también de violencia de género.
La joven, quien vive en Chacras de Coria, no quiso radicar la denuncia si bien data de mediados de enero pasado, o sea casi en simultáneo con la que ocurrió en Guaymallén.
El nombre se reserva por tratarse de una instancia privada y además porque no hay una denuncia penal.
