Por Catherina [email protected]
Durante el juicio abreviado Raúl Comeglio se declaró culpable teniendo en cuenta la gran cantidad de pruebas que obraban en su contra en un hecho que fue descubierto en el 2012: la trata laboral de 20 obreros oriundos de Tucumán.
En un inédito fallo en la Argentina, un empresario mendocino fue condenado a prisión por trata laboral
En un caso que no tiene precedentes en el país, un empresario rural de Rivadavia fue condenado a 4 años de prisión efectiva en los Tribunales Federales de Mendoza por trata laboral agravado de 20 obreros oriundos de Tucumán.
Durante el juicio abreviado Raúl Comeglio se declaró culpable teniendo en cuenta la gran cantidad de pruebas que obraban en su contra en un hecho que fue descubierto en el 2012.
El mismo imputado reconoció que había mantenido a más de 20 obreros tucumanos, incluyendo sus mujeres y cinco niños en situación de explotación laboral. Allí se constató que estas personas llevaban incluso días sin comer.
El caso ganó notoriedad cuando el 4 de mayo del 2012 el hecho fue descubierto en una finca de Rivadavia.
Las personas que allí trabajaban y sus familias estaban en estado de hacinamiento y su estado de salud era deplorable dado que -según la acusación-no tenían agua ni comida y también habrían recibido amenazas de muerte en el supuesto caso de que intentaran escapar o dar a conocer la situación que estaban viviendo.
Fue en febrero del 2012 cuando les prometieron mayores ingresos si trabajaban en una viña pero el empresario nunca les pagó, según explicó, en ese entonces quien fuera director de Protección de Derechos del Ministerio de Gobierno, Rubén Cuello.
La prisión para Comeglio es de cumplimiento efectivo.
Como esclavos“Como esclavos y en situación de vulneración absoluta de derechos humanos, con su vida e integridad en juego”, es como describieron la escena algunas de las autoridades de distintas áreas del Gobierno que participaron en el operativo.
Se constató además que la mayoría de los chicos allí instalados con sus familias también recolectaban uvas, en una clara violación de las normas que los amparan.
Una inspección de la Subsecretaría de Trabajo fue el puntapié inicial del procedimiento luego de revisar las condiciones de higiene y seguridad, también las laborales –como el trabajo en negro–, y de labrar las respectivas actuaciones con infracciones incluidas.
En aquel megaopertivo intervinieron la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Dada la urgencia que implicaba la situación extrema a la que había llegado el grupo, que al momento del procedimiento llevaba al menos dos días sin acceder a ningún tipo de alimento, la Dirección de Protección denunció penalmente el caso en la Fiscalía Penal Nº1 de la Justicia Federal, a cargo de Alejandra Obregón.
