Policiales Martes, 20 de diciembre de 2016

Cesantearon a uno de los comisarios investigados por corrupción

Gustavo Garis quedó apartado de la fuerza policial. Los otros tres comisarios generales van por el mismo camino, pero apelaron la sanción. Un subcomisario perdió en la vía civil.

A fines de junio pasado, un escándalo de grandes proporciones se desató en el seno de la Policía de Mendoza. Cuatro comisarios generales comenzaron a ser investigados por irregularidades con los servicios extraordinarios que presta el personal policial. A esta altura del año, uno de ellos fue separado definitivamente de la fuerza y los otros tres luchan porque no pase lo contrario.

La Inspección General de Seguridad (IGS) había decidido a fines de junio pasado pasar a los uniformados a pasiva. Desde entonces, ninguno de ellos puede ejercer sus funciones -de todas formas ya había sido separados en diciembre por decisión de Alfredo Cornejo- y cobran la mitad del sueldo.

La pesquisa administrativa avanzó y desde el organismo encargado de investigar a policías y penitenciarios decidieron que Miguel Mestre, Víctor Loyola, Darío Irrutia y Gustavo Garis merecen la cesantía, una de las sanciones más graves que prevé la Ley 6.277 y que implica la separación de la fuerza.

Esto hasta el momento se cumplió sólo con Garis, quien el año pasado era el titular de la Distrital de Seguridad 6 -Las Heras, Guaymallén y Lavalle-. Este hombre de 50 años no sólo tenía en su contra la investigación por el cobro irregular de servicios extraordinarios, sino que su pistola 9 milímetros fue encontrada en un hecho delictivo y él nunca la había denunciado como robada o perdida.

La situación del resto de los investigados está por definirse en los próximos días, según indicaron fuentes ligadas al caso. Mestre, Loyola e Irrutia apelaron la sanción de la IGS y ahora es la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad quien tiene la última palabra.

Loyola, Irrutia, Garis y Mestre, los señalados.
Loyola, Irrutia, Garis y Mestre, los señalados.

Perdió en la vía civil

Una semana después que estallara el conflicto denominado "purga policial" contra los cuatro comisarios mencionados, desde la IGS señalaron que cinco efectivos más estaban siendo investigados por el irregular cobro de servicios extraordinarios que se realizaron en un barrio en construcción del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Ciudad.

Dentro de este contingente se encontraba el subcomisario José Antonio Salinas Mercado, quien se desempeñaba en la División de Servicios Extraordinarios de la Jefatura Distrital 1, con una antigüedad de 20 años.

El hombre se encuentra desde entonces bajo proceso de sumario administrativo con revista pasiva. Sin embargo, Salinas impulsó una acción de amparo contra la Provincia, el Ministerio, la IGS y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, en busca de volver a trabajar y percibir su salario completo.

Entre sus argumentos en la presentación civil, el subcomisario manifestó que fue él junto a su superior jerárquico- Humberto Neila, también investigado- quienes advirtieron las irregularidades y denunciaron los hechos en noviembre de 2015. "La resolución provoca una pérdida en el derecho a trabajar y cobrar el salario correspondiente, lo que lesiona gravemente los derechos laborales", alegó.

El denunciante pidió que se declare inconstitucional el artículo 117 de la Ley Provincial 6722/99, el cual regula la suspensión preventiva para los uniformados que son investigados con un sumario administrativo. A su vez, solicitó la nulidad de la resolución que lo apartó.

La jueza Silvina Márquez fue quien rechazó la acción de amparo y ordenó a Salinas a pagar las costas del proceso civil.

Al momento de analizar si la medida cautelar fue un acto arbitrario, la magistrada tuvo en cuenta los detalles del expediente administrativo. Entre ellos, trascendió que los servicios extraordinarios se realizaron en el barrio Escorihuela y que fue el propio Salinas quien retiró tres cheques de pago del IPV por un valor superior a los 160 mil pesos, los cuales nunca pasaron por la órbita del Ministerio de Seguridad.

"Aparece como razonable la medida cautelar teniendo en cuenta la jerarquía del funcionario y, la indebida influencia que puede ejercer el mismo sobre los medios de pruebas a producir, como el peligro que engendra para el curso de la investigación", concluyó la jueza.

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