Corrupción policial: la denuncia penal y la historia de los cuatro comisarios apuntados

La Inspección General de Seguridad realizó la denuncia en el fuero penal. Quiénes son Miguel Mestre, Víctor Loyola, Gustavo Garis y Darío Irrutia.

Una investigación administrativa y varios expedientes penales sacudieron a la Policía de Mendoza. Cuatro comisarios fueron acusados de corrupción por cobrar servicios extraordinarios que no les correspondían en una suma cercana a los 10 millones de pesos mensuales y por dudas con respecto a sus títulos académicos y la situación de sus armas reglamentarias.

La Inspección General de Seguridad (IGS), organismo que está encargado de investigar los asuntos internos del personal policial y penitenciario, fue quien impulsó la denuncia en el ámbito penal.

En sede administrativa los comisarios, que habían sido desplazados de sus puestos en los primeros días de gobierno de Alfredo Cornejo, fueron pasados a pasiva. Esto quiere decir que se realiza una investigación sumaria y mientras dure ese proceso no podrán volver a ejercer sus funciones y cobrarán la mitad de su sueldo.

Más grave puede ser la situación en el fuero penal: oficinas fiscales de Capital y Las Heras recibieron las denuncias y avanzarán en los expedientes. Se espera que sean unificados y pasados a la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, hecho que hasta el momento no se ha consumado, según declararon fuentes judiciales.

Fuentes de la IGS aclararon que la investigación recién empieza y no se descarta que se descubran otro tipo de delitos o se involucre a más miembros policiales. Estos son los implicados hasta el momento, caso por caso:

Miguel Edgardo Mestre Medina

Tiene 54 años. En marzo de 2008 fue promovido a comisario, en diciembre de 2009 a comisario inspector y en enero de 2014 a comisario general. Antes de ser desplazado por Cornejo, estaba a cargo de Cuerpos Especiales, unidad que integra la Distrital de Seguridad 6.

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Dentro de los 4 comisarios apuntados, tres de ellos tienen la sospecha de irregularidades con los servicios extraordinarios. Uno de ellos es Mestre.

Según relataron fuentes policiales, los efectivos de esa unidad cumplían servicios en colectivos del grupo Siete –algunos hacia el barrio La Gloria-, de la empresa Dicetour y algunos patrullajes en la calle Arístides Villanueva, aunque nunca cobraban la remuneración extra. Las autoridades de la IGS creen que era Mestre quien se quedaba con el dinero.

Darío Orlando Irrutia Breitenstein

Tiene 55 años. Su ascenso en el escalafón policial lo llevó a ser comisario en marzo de 2008, a ser comisario inspector en diciembre de 2009 y en enero de 2014 a ser comisario general. Al momento de su desplazamiento, estaba a cargo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

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No es la primera vez que su nombre es noticia. Irrutia estuvo bajo la mira de la Justicia penal tras la tragedia de la ruta 7. El 7 de febrero de 2014 un camionero brasilero que conducía alcoholizado y a contramano por esa vía impactó con un ómnibus de pasajeros, dejando 16 muertos.

Cuatro policías se encuentran siendo juzgados por la tragedia. Dos de ellos pertenecían al 911 y se los acusa de haber hecho caso omiso a varios llamados al 911 anteriores al accidente que alertaba sobre la conducción peligrosa del camionero. Irrutia era el jefe del CEO y terminó zafando del juicio porque ese día se encontraba de licencia. Fue desplazado del puesto tras el choque, pero meses después volvió al cargo.

Cuando era jefe de Inteligencia Criminal, a mediados de 2010, protagonizó un confuso hecho cuando fue perseguido por efectivos policiales cuando circulaba en un auto encubierto del Ministerio de Seguridad. Luego aseguraron que maltrató a los efectivos. El caso quedó en la nada.

Ahora es el único de los cuatro comisarios que no está señalado en el cobro de servicios extraordinarios. Fuentes de la IGS aclararon que creen que certificó un título sin validez de un informático que estuvo trabajando en el Ministerio.

Víctor Daniel Loyola González

Tiene 49 años. En junio de 2006 ascendió a subcomisario, a comisario inspector en diciembre de 2011 y a comisario general marzo de 2015. Su último cargo de máxima jerarquía fue cuando estuvo a cargo de la Distrital de Seguridad 5, que abarca Maipú, Luján de Cuyo y el Corredor Internacional.

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Al igual que Mestre, la IGS lo señaló por cobrar servicios extraordinarios que realizaban los efectivos a su cargo y dejarse el dinero en su poder.

El apellido de Loyola estuvo vinculado a la megacausa conocida como "mafia policial", una investigación que se desató en 2001 y que imputó a varios efectivos bajo la figura de asociación ilícita. El actual juez de Cámara Rafael Escot sostenía que los uniformados cometían robos armados junto a civiles. El expediente tuvo su impulso con la aparición de los cadáveres de dos jóvenes en Godoy Cruz, quienes creían que formaban parte de la banda.

La investigación desató una purga policial importante, pero todo terminó en la nada. Loyola y los demás imputados terminaron absueltos y el juez Escot fue criticado por sus colegas, quienes referían que utilizó la megacausa como vidriera para escalar puestos en el Poder Judicial.

Tras ser absuelto, Loyola inició un reclamo indemnizatorio contra el Gobierno provincial por daños y perjuicios al ser acusados en el marco de la investigación.

Gustavo Walter Garis Lo Duca

Tiene 50 años. Recibió el cargo de subcomisario en septiembre de 2005, comisario inspector en enero de 2011 y comisario general en marzo de 2015. Cuando Cornejo lo desplazó, el uniformado prestaba servicios en la Distrital de Seguridad 6, que abarca Las Heras, Guaymallén y Lavalle.

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Además del presunto cobro ilegal de servicios extraordinarios, la IGS también encontró una situación bastante confusa con su arma reglamentaria. Según sostienen desde el organismo, Garis nunca denunció la pistola 9 milímetros como perdida o robada, sin embargo fue secuestrada durante un procedimiento policial.

A principios de 2008, cuando encabezaba el cuerpo de Infantería, fue acusado de utilizar a policías de la dependencia para realizar trabajos de albañilería en su casa. Sin embargo, la IGS no logró reunir pruebas suficientes y todo quedó en la nada.

Según detallaron desde ese organismo encargada de investigar a la propia policía, desde su creación en el año 2000 hasta estas últimas denuncias no se habían iniciado ningún sumario administrativo contra los comisarios generales. Es la primera vez que un policía de ese rango es pasado a revista pasiva.

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