La liberación de Gustavo Seré (39) y la detención de dos nuevos sospechosos no fueron las únicas novedades de este jueves en la causa por el crimen de Emir Cuattoni (15). La Justicia además investigará a dos testigos por presunto falso testimonio.
Una vez que el metalúrgico fue sobreseído y quedó en claro que otra línea investigativa tiene pruebas certeras, la lupa se puso en la primera pesquisa que lo mantuvo más de un año detenido en la cárcel.
La fiscal Ríos explicó que todo comenzó con un informe de Inteligencia Criminal que apuntaba a una versión con trasfondo narco y que luego fue apoyada por testigos. Entre ellos, un joven de 19 años y un exempleado de Seré.
El primero de ellos es Rubén Martínez, un chico en situación de calle que declaró que era amigo de Emir Cuattoni y ese día se encontraba con él cuando fue baleado. Aseguró poder reconocer al asesino en rueda de reconocimiento y así lo hizo durante la investigación, aunque con ciertas dudas. Fue el único de todos los testigos presenciales que apuntó con el dedo a Seré.
De hecho, un amigo de Emir Cuattoni lo contradijo declarando que no conocía a Martínez y que ni siquiera pertenecía al grupo de amigos. Detalló que tras el ataque armado se acercó al lugar y les dijo: "Eso les pasa por robarle al viejo".
El otro apuntado es David Martínez, un hombre que trabajó durante algunos meses en el taller metalúrgico de Seré y fue echado porque se robaba elementos. Esta persona declaró ante la fiscal Ríos y dijo que un día circulaba en la camioneta con su jefe por el Parque Benegas cuando le dijo: "Mirá, acá maté a un guacho".
Con la pesquisa contra Seré totalmente desbaratada y mucha tela para cortar respecto a cómo Inteligencia Criminal emitió un informe que terminó siendo totalmente inexacto, la fiscal Ríos y los abogados defensores del metalúrgico solicitaron que se extraigan compulsas por falso testimonio.
La juez María Cristina Pietrasanta accedió a este pedido y ahora se iniciarán investigación penales contra ambos testigos, quienes en caso de ser encontrados culpables arriesgan penas de 1 a 10 años de cárcel.
