Por Sebastián Salas
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Un accidente ocurrido en San Rafael que estuvo cerca de tener consecuencias fatales generó un dolor de cabeza para la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que deberá indemnizar con poco más de medio millón de pesos a un hombre al cual se le cayó un árbol encima de su vehículo.
Según reconstruyó el expediente civil, el incidente ocurrió cerca de las 18.30 del 31 de diciembre de 2006, cuando Fernando Cocuzza (30) circulaba en un auto Chevy por ruta provincial 173, en el distrito de Rama Caída. En ese momento, gracias a una importante tormenta, un álamo cayó sobre el rodado ocasionándole graves lesiones al conductor.
Testigos del accidente lo trasladaron al Hospital Schestakow donde ingresó con politraumatismo grave en el tórax, miembro superior derecho y cráneo. El primer día del 2007 fue derivado a la Policlínica Privada de San Rafael, donde estuvo casi un mes internado en terapia intensiva. Durante ese lapso, la víctima estuvo con respiración asistida y sufrió dos paros cardiorrespiratorios.
El hombre continuó la recuperación en su provincia natal, Neuquén, durante siete meses más. Las consecuencias fueron hemiparesia de paladar, lengua y cuerda vocal derecha, lesión de nervio toráxico y escoliosis leve.
Un peritaje psicológico realizado tres meses después del accidente arrojó que sufre un cuadro depresivo grave y reactivo al hecho traumático, que debió ser controlado con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico.
Cocuzza trabajaba en la provincia vecina en una empresa de artículos para el hogar desde el 2002. Tras el accidente fue cambiado del sector ventas a tareas administrativas, lo que significó un descenso en su salario.
Litigio
El accidentado presentó una demanda civil contra la Dirección Provincial de Vialidad reclamando 378 mil pesos de indemnización. Además de la incapacidad física y psicológica aseguro que quedó afectado “en su vida de relación toda, de recreación, de interacción social, familiar, laboral, etcétera”.
Desde el organismo rechazaron el resarcimiento alegando que el accidente fue “culpa exclusiva de la víctima en razón que la misma conducía con falta de dominio, a exceso de velocidad, con ráfagas de 120 km/h y que debió esperar el paso del ciclón”. También agregó “que los árboles se encontraban en perfecto estado vegetativo pero que fueron derrumbados por las ráfagas incontenibles de la tormenta”.
Lo cierto es que los testigos del hecho aseguraron que el hombre circulaba a una velocidad inferior a los 60 kilómetros por hora. Incluso un hombre que trabajaba en una empresa que hizo la erradicación y replante de forestales en la localidad aseguró que “los árboles estaban en mal estado. En octubre o noviembre de 2.006 fuimos a hacer el estudio de cortes y los árboles se encontraban en su gran mayoría ahuecados y quemados en la base”.
La jueza Andrea Grzona consideró que “la causa de la caída del árbol se debió a que el árbol presentaba un estado de vetustez y decrepitud (quemado, seco, hueco en su interior) es decir en pésimas condiciones vegetativas” y agregó que “dicha situación fue denunciada por los vecinos antes del accidente”.
Por otro lado aseguró que la culpa fue de la DPV porque el árbol estaba en la vía pública y debió “tomar las precauciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por los mismos”.
La jueza condenó al organismo a indemnizar con 366 mil pesos a la víctima, aunque este último apeló la sentencia y en fallo de Cámara consiguió un monto de 516 mil pesos.
