Un entramado familiar oscuro, una causa judicial complicada y un quinteto de acusados por un abuso sexual en Maipú. Dos mujeres que están acusadas de participar de los vejámenes que tres hermanos cometieron contra dos menores de edad recibieron la prisión preventiva este lunes.

La historia judicial, que nació hace casi dos años a partir de una denuncia por parte de la madre de las víctimas, apunta a una familia que reside en Maipú. Se trata de cuatro hermanos -una mujer y tres varones- y su madre. Las víctimas son hijo e hijastro de uno de los sospechosos.

Los tres hombres ya estaban imputados desde ese mismo año, pero la investigación avanzó con más sospechosos tras la declaración en cámara Gesell de uno de los pequeños. Según trascendió, el menor detalló que su tía y su abuela también participaban de los vejámenes, en algunas ocasiones en forma activa y en otras observando la situación.

El fiscal de Delitos Sexuales Gustavo Stroppiana ordenó la detención de las dos mujeres y les imputado abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Este lunes, el juez Juan Manuel Pina les dictó la prisión preventiva en forma domiciliaria. Todas las partes -Fiscalía, abogados querellantes y defensores- estuvieron de acuerdo en este punto.

De esta forma, restará esperar la incorporación de algunas medidas y que los cinco sospechosos del caso se sienten en el banquillo de acusados donde si son encontrados culpables recibirán una pena de los 8 a los 20 años de cárcel.

Abuso sexual en Maipú

El caso se inició a mediados de abril de 2019 cuando la madre del menor de edad radicó la denuncia. Palabras más palabras menos, la mujer aseguró que sus hijos le confesaron haber sido abusados sexualmente por su padre y sus dos tíos en Maipú.

Con el avance investigativo, el fiscal Gustavo Stroppiana ordenó la detención del hombre de 32 años y sus dos hermanos, un ingeniero de 43 y un farmacéutico de 30 -se reservan sus identidades para resguardar la de las víctimas-.

Fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, un delito que prevé de 8 a 20 años de prisión. El 29 de abril la Justicia les dictó la prisión preventiva y quedaron alojados en el penal. Tres meses después consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria y en octubre del año pasado recuperaron la libertad venció porque se venció el plazo de 18 meses.