Este mecanismo se ha usado en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, pero nunca antes para esclarecer el asesinato de una defensora ambiental. Es un proceso sin precedentes que puede revelar hasta dónde llega la impunidad y si, esta vez, es posible quebrarla.
El poder detrás de la violencia
Berta Cáceres fue asesinada la madrugada del 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras. Llevaba años de amenazas por defender al pueblo indígena lenca, el más numeroso de los nueve que existen en el país.
Su última batalla fue contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que pretendía desviar el río Gualcarque, sagrado para su pueblo. Sabía que la querían muerta. Lo había denunciado y tenía medidas cautelares de la CIDH desde 2009. Pero el Estado no la protegió.
"Su asesinato conmocionó mucho porque ella no solo era un emblema de la defensa del ambiente, sino también de la democracia", asegura Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, nominada al Premio Nobel de la Paz en 2013.
A Cáceres no solo la asesinaron por defender un río. La mataron por desafiar el poder en Honduras. Agentes del Estado y de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) estuvieron implicados. En 2024, se confirmaron las sentencias de siete de los ocho condenados en los juicios de 2018 y 2021, entre ellos un mayor del Ejército de Honduras. "Pero, ¿quiénes dieron la orden? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales?", plantea Paz y Paz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tiene seis meses para intentar responder a esa interrogante. Su creación llega tras años de presión de la familia de Cáceres y las organizaciones que la acompañan, ante la desconfianza en las autoridades hondureñas.
"Los gobiernos anteriores se negaron a suscribir un acuerdo de este tipo. Hasta ahora, no hubo voluntad del Estado", explica Paz y Paz. Finalmente, en octubre del año pasado, el acuerdo se firmó entre la CIDH, el Estado de Honduras, Copinh y Cejil.
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El COPINH mantiene viva la lucha de Berta Cáceres, exigiendo justicia y protegiendo los territorios indígenas frente a megaproyectos que amenazan su existencia. Crédito: COPINH - CEJIL
El equipo de especialistas deberá desentrañar las redes de poder detrás del crimen y proponer un plan de reparación integral de las comunidades afectadas. Pero, para Paz y Paz, el mayor desafío es, precisamente, el poder mismo.
"Si logran esclarecer quiénes financiaron y planearon el asesinato de Berta Cáceres será un avance crucial para otros casos donde estas estructuras siguen operando con total impunidad", destaca.
Un país letal para los defensores ambientales
En 2023, al menos 196 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, según el último informe de Global Witness. El 85 % de esos crímenes ocurrieron en América Latina. Brasil, Colombia, Honduras y México concentran más del 70 % de las muertes.
Honduras, con una población diez veces menor que la de México, registró el mismo número de asesinatos. Es el país con la mayor tasa per cápita de crímenes contra quienes defienden la tierra y el territorio.
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Para Laura Furones, asesora principal de campañas de Global Witness, la violencia en Honduras responde a una combinación letal de intereses políticos, económicos y corporativos. "Pero además, por si fuera poco, con un crimen organizado muy pujante que ha llevado la violencia a otra escala", señala.
A pesar de la escalada de ataques, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que busca garantizar protección a quienes defienden el ambiente.
"Es una señal política del compromiso con las personas defensoras", apunta Furones. "Las señales pueden darse por acción o por omisión y, en este caso, la omisión también dice mucho".
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En abril pasado se realizó el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Entre otros temas, este encuentro sirvió para darle seguimiento al plan de acción aprobado en la COP3 del Acuerdo de Escazú en 2024.
El plan implementa el artículo 9 del acuerdo, que obliga a los países firmantes a garantizar un entorno seguro para defensores, libre de amenazas y restricciones. Además, compromete a los Estados a proteger, promover y reconocer los derechos de los defensores, y a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar agresiones.
En ese marco, el Center for International Environmental Law (CIEL) y otras organizaciones presentaron la iniciativa #EscazúEnLaCorteIDH. Su objetivo es que los estándares del Acuerdo de Escazú sean incluidos en la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática, estableciendo así las garantías jurídicas para proteger la labor de quienes defienden la tierra y el territorio.
*Nota de Sally Jabiel para Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.
