País Lunes, 19 de febrero de 2018

Ya esta el borrador de la nueva ley de Ética Pública

El borrador de la nueva ley de Ética Pública ya está en la etapa de consulta popular a través de internet, para que durante un mes se puedan hacer aportes y sugerir cambios a la iniciativa que plantea nuevas reglas en cuanto a nepotismo, declaraciones juradas, regalos y conflictos de interés.

La propuesta, confeccionada por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso, está online en la la plataforma del programa oficial Justicia 2020 (www.justicia2020.gob.ar).

Antes de ser presentada en el Congreso, la iniciativa estará abierta a aportes, críticas y sugerencias durante un mes.

El anteproyecto impulsa una reforma integral de la Ley de Ética Pública, la cual incluye capítulos sobre la cuestión del nepotismo, conflicto de intereses y la presentación de declaraciones juradas, entre otros.

Además de los funcionarios públicos y legisladores, la norma alcanza a los gremios y sectores de la Justicia.

En cuanto al nepotismo, la propuesta oficial establece que los funcionarios no podrán promover ni designar familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad en la jurisdicción en la que se desempeñan.

A la vez, extiende esa disposición que el mes pasado comenzó a regir en el Poder Ejecutivo por decreto tras la polémica con el ministro de Trabajo Jorge Triaca al Poder Legislativo y al Judicial.

De esta forma, los diputados y senadores no podrán contratar familiares en el Parlamento, en tanto que los jueces y fiscales tampoco, a menos que ingresen por concurso.

En cuanto a los conflictos de interés, el texto plantea que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que hayan tenido relación en los últimos tres años.

También propone que deben desprenderse de sus acciones o "cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas" o "constituir un fideicomiso ciego", algo que hizo el presidente Mauricio Macri.

Para los legisladores, se recomienda que comuniquen a las Cámaras sus intereses particulares vinculados a cuestiones que se deban tratar en el recinto.

El conflicto de interés quedará definido como una "concurrencia a la vez del interés público del ejercicio de las funciones con uno particular, sea o no de carácter económico".

El capítulo de las declaraciones juradas incluye, además, a los gremialistas, que hasta el momento no lo estaban, a través de una modificación de la ley 23.551 de asociaciones sindicales.

Así, los miembros de los órganos directivos y de administración de los gremios estarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, en medio de focos de tensión del Gobierno con sectores sindicales.

El borrador establece un capítulo para los obsequios, manteniendo la prohibición de recibirlos si superan un "valor exiguo".

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