Para los denunciantes, la firma de los decretos violaba el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece cuáles son las atribuciones del Presidente de la Nación. En ese sentido, acusaron que "existe un inminente peligro a la paz social", y que con la función de los decretos la función es "abolir las funciones y el control de uno de los tres poderes del Estado al no convocar a sesiones extraordinarias, dictando actos que carecen de la urgencia y emergencia necesarias y que, al mismo tiempo, trasgreden los límites constitucionales por su materia". Si bien el fiscal Delgado pidió al juez federal Sebastián Casanello desestimar la denuncia, remarcó en su dictamen que no existe sobre "legitimidad a los mismos, frente a lo cual cobra especial relevancia la tensión que existe entre legalidad y legitimidad". "Entre estas palabras se da la tensión que la comunidad jurídica no llega a comprender en toda su dimensión. En general se las separa con el latiguillo: es legal. Pero es tan o más importante que sea legítimo, porque en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política", señaló en su dictamen. Tras el dictamen, ahora definirá el juez, aunque al no haber impulso fiscal se prevé que la denuncia sea archivada.
