Diario Uno > País

Los "ocupas" de terrenos volvieron a atacar en Palmira y hay malestar en el Este

Por Enrique Pfaabpfaab.enrique@diariouno.net.ar

Como ocurrió en abril del año pasado, otra vez una importante cantidad de familias ocuparon tierras en Palmira. Son unas 200 personas que delimitaron lotes y que piden que se les dé la tenencia de cada predio. Pertenecen al mismo grupo que en mayo de 2012 fue desalojado por la fuerza con un impresionante operativo policial. En tanto hay incomodidad en el área de Vivienda de San Martín ya que el IPV, para no tener que imponer desalojos, está aceptando que aquellas familias que no son adjudicatarias de las casas, pero que las ocupan por alquilarlas o haberlas comprado irregularmente, se queden con ellas bajo un comodato de custodia. En la comuna temen que esto genere una ola de operaciones inmobiliarias que están prohibidas expresamente en los planes de viviendas sociales.

Entre abril y mayo de 2012 unas 300 familias ocuparon unas 20 hectáreas sobre el lateral sur de la Variante, de Palmira. Durante ese tiempo delimitaron sus lotes y muchos construyeron algunos resguardos y hasta levantaron paredes de ladrillos. Finalmente el 31 de mayo la Justicia, con apoyo de más de 100 efectivos policiales, maquinaria vial y hasta un helicóptero, desalojó a la fuerza a esa gente.

La Unidad Fiscal en ese momento comprobó que esas tierras tenían propietarios, que los papeles que los acreditaban como tales estaban en regla y que no tenían deudas.

Un año después, en mayo de 2013, otra vez hubo una avanzada de las familias sin tierra en un predio ubicado frente al cementerio de Palmira, en el sector conocido como El Milagroso.

Esa toma no prosperó. Apenas quedó una tapera hecha de cartones y nailon. Pero esta semana ese mismo sector fue escenario de otra oleada de familias que se instalaron allí, comenzaron a quemar las malezas del terreno y a demarcar el lugar. Hubo un febril movimiento y una gran cantidad de fogatas desde el viernes y hasta la madrugada del domingo. Ayer la gran mayoría de las personas no estaban allí, pero en cambio dejaron encargado del cuidado del predio a un grupo elegido por ellos mismos.

“Son gente que trabaja, por eso no está en el lugar en este momento, pero ha hecho una ocupación y este martes ya está convenida una reunión con ellos”, indicó ayer el jefe de gabinete de la Municipalidad de San Martín, Daniel Arias.

Además desde la comuna se indicó que es el mismo grupo que produjo la usurpación en mayo del 2012.

Las tierras que fueron ocupadas esta vez son terrenos “de interés público” y que la Municipalidad tenía previsto destinar, según Ordenanza, al puerto seco del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) y que está sobre la frontera Este de las tierras usurpadas.

Emergencia habitacional o “comodato en custodia”Entre tanto, donde se había producido la usurpación el año pasado, ahora hay un barrio del IPV concluido y otras dos etapas en ejecución. En alguna de esas casas, el adjudicatario vendió en $50.000 la vivienda, algo que está expresamente prohibido en el “Contrato Administrativo de Adjudicación y Entrega de Posesión” que firmaron cada uno de los beneficiarios de estas viviendas y el titular del IPV, Omar Parisi. Ese contrato dice que “no podrá efectuarse ningún tipo de transacción o acto de disposición sobre el mismo (alquiler, venta, sesión)”.

Pese a esto, el mismo IPV terminó avalando indirectamente la venta y les dio a los ocupantes de la casa un “comodato de custodia”.

“Hicieron una presentación apoyándose en la Ley 7.706 de Emergencia Habitacional”, indicó la asesora letrada de la Presidencia del IPV, Cecilia Calívar Gil, al momento de ser consultada sobre el caso.

Esa ley fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de julio de 2007 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. El artículo 6º dice que “aquellas personas que hayan adquirido una vivienda social en virtud de un boleto de compra-venta, cesión de derechos y acciones, permuta o por otro título y que se encuentren en ocupación pública, pacífica y continua y tengan regularizado su crédito, podrán solicitar a tal efecto el cambio de titularidad…”.

La ley habla de “regularización” de situaciones existentes anteriores a su dictado, pero no de las futuras. Sin embargo, es utilizada para avalar estas operaciones inmobiliarias.

Mientras en el IPV sostienen que prefieren evitar desalojos para no generar un nuevo caso de necesidad habitacional, desde la Municipalidad no ven con buenos ojos esta práctica. “Se vulnera la lista de las personas que esperan su casa desde hace años y también se niega la posibilidad de darles prioridad a las familias en riesgo”, indicó una asistente social.