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María Lizán, suspendida y sin fueros, al igual que sus colegas Susana Barrigón y Adriana Rodríguez, se presentó en la Legislatura para pedir que se agilice la causa que la involucra.

La jueza de Tunuyán acusada por adopciones irregulares de niños pidió que la juzguen rápido

Julio Luzuriagaluzuriaga.julio@diariouno.net.ar

María Lizán, la suspendida y ya sin fueros jueza de familia de Tunuyán, realizó una presentación ante la Legislatura provincial solicitando que la Justicia agilice las causas en la que está investigada junto con otras dos  magistradas. Entiende que se le está impidiendo ejercer su derecho de defensa. Esos expedientes por presuntas irregularidades en la adopción de niños durante 2009 y 2010, que derivaron en un Jury de Enjuiciamiento, aún  no tienen juez ni fiscal.
Lo confirmó a UNO el legislador radical por Tunuyán Fernando Barrigón, quien preside la Comisión de Derechos y Garantías en Diputados. La presentación de Lizán, que se desempeñaba al frente del Primer Juzgado de  Familia de Tunuyán, ya tomó estado parlamentario y pasó a Derechos y Garantías. Las tres juezas de familia del Valle de Uco –María Lizán, Susana Barrigón y Adriana Rodríguez– son investigadas desde el año pasado. Además de las causas judiciales en su contra por presuntas irregularidades en la adopción de niños están siendo sometidas a Jury de Enjuiciamiento, por lo que fueron remplazadas tras ser suspendidas de sus cargos y les quitaron los fueros. Lizán quiere que la causa sea elevada a juicio para poder defenderse y no estar permanentemente sospechada. El abogado de la querella en esas causas penales, Edgardo Valles, analizó que el caso excede los límites judiciales para pasar a la órbita política. “No olvidemos que el diputado Barrigón es primo de Susana Barrigón, una de las investigadas”, apuntó. Las trabas del proceso La traba principal está relacionada con la presencia del abogado querellante Valles, quien ha  denunciado a jueces, fiscales, defensores y asesoras de menores de la Cuarta Circunscripción, que debieron inhibirse. Actualmente la Cámara de Apelaciones analiza los reiterados pedidos para que el juez Fernando Ugarte, quien tiene momentáneamente a cargo las investigaciones, sea apartado de los casos. Ya fue separado de una de las  cinco causas, tras un pedido presentado por el fiscal Javier Pascua. Luego de haber sido iniciada en el Primer Juzgado de Instrucción de Tunuyán, a cargo del conjuez Oscar Balmes, la causa comenzó a rodar de un sitio a otro cuando las defensas de las magistradas lo recusaron por  imparcialidad a la hora de investigar. De allí pasó al Juzgado Penal de Menores de Tunuyán, a cargo de la conjueza Carolina Colucci, quien se inhibió. El expediente recayó más tarde en manos del titular del Juzgado Correccional y de Faltas de esa ciudad, Fernando Ugarte. Las tres juezas son acusadas por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, supresión de identidad, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella busca que además se  investigue si hubo dinero de por medio en dichas adopciones.

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