Por Sergio Bruni
El autor es abogado y ex legislador de la Unión Cívica Radical
La Presidenta, valiéndose de la cadena nacional y con la excusa de anunciar la recomposición del haber jubilatorio nacional, efectuó un extenso discurso sobre los logros de su gobierno, los peligros a los que se enfrenta por resistir los embates de los grupos de privilegio y la pasividad de los sindicatos amigos. Asimismo, dejó un lugar especial para propalar amenazas varias hacia quienes, de una u otra forma, puedan resistir los efectos de los “logros” de un gobierno que parece no sólo haberse quedado sin combustible, sino también sin ideas ni credibilidad.
Esta credibilidad se ha ido diluyendo a medida que los integrantes de su equipo económico fueron efectuando anuncios sobre las medidas económicas a implementar, las que generalmente no han sido efectivas ni –mucho menos– eficientes en la solución de los problemas de la economía nacional, en particular por las propias contradicciones del discurso y accionar oficial.
Así, el Gobierno nacional comienza su declive cuando pierde dos de sus principales sostenes económicos fundamentales: el superávit de las cuentas del Estado y una balanza comercial positiva y en crecimiento.
El 2013 terminó en rojo para Cristina Fernández por un déficit de alrededor de $110.000 millones o 4,1% del PBI, frente al superávit del 4% alcanzado en 2006 (Fuente: ASAP, Asociación Argentina de Presupuesto). Por su parte, el superávit comercial también viene en franca decadencia producto principalmente del déficit energético, siendo preciso recordar que Argentina –antes del gobierno kirchnerista– se autoabastecía de combustibles y exportaba el remanente. Hoy importa combustibles y energía eléctrica por unos U$S9.500 millones, reduciendo el saldo positivo de la balanza comercial en 2013 en un 27% inferior al de 2012 (Fuente: INDEC).
Pero ante esta realidad, ¿cuáles son las políticas económicas que el Gobierno nacional lleva adelante? Axel Kicillof –como principal exponente en la nacionalización de YPF– nos decía que Argentina no debía pagar un solo peso en compensación por los pasivos ambientales que Repsol dejaba. Sin embargo, hoy el país negocia un acuerdo que se basa en el pago de no menos de U$S5.000 millones por el 51% de las acciones expropiadas, impulsando además la asociación con la estadounidense Chevron para poder poner en marcha el yacimiento de Vaca Muerta, terminando paradójicamente con el discurso de la “soberanía energética”.
Este ministro fue el mismo que nos explicó por qué los argentinos no podíamos ahorrar en moneda extranjera (en especial el dólar) y meses después –con el fracaso estrepitoso del cepo cambiario y sin admitir siquiera el error cometido– cambió su discurso diciéndonos que, por el contrario, no está mal atesorar en dólares, y que en especial la medida está dirigida a los que menos tienen. Sin embargo, con sólo un fin de semana de distancia, un nuevo anuncio termina fijando un ingreso mínimo ($7.200) para poder tener la posibilidad de comprar divisa extranjera, pudiendo destinar sólo el 20% a tal fin, cuenta bancaria mediante.
Un nuevo viraje discursivo volvió a apoderarse del Ejecutivo nacional. En estos días, la señora Presidenta amenazó a los argentinos que decidan ahorrar en dólares con la pérdida del subsidio energético. En fin, todo un anacronismo.
Marchas y contramarchas nos hacen pensar que en realidad el Gobierno no posee un plan económico sólido y sustentable, y que depende sólo de un contexto económico internacional favorable respecto de nuestras materias primas, situación que no va a permanecer eternamente.
Mientras tanto –preso de su insensatez–, el gobierno de Cristina Fernández aún no ha reconocido claramente el proceso inflacionario, limitando la compra de dólares y generando distintos tipos cambiarios con el fin de evitar que los ahorros en pesos busquen refugio en la moneda norteamericana, prohibiéndolo –con más idas que vueltas– como medio de ahorro, alentando las expectativas inflacionarias y el temor creciente en todos los actores económicos.
Tanto sus dichos como sus hechos han provocado la pérdida del rumbo económico y, por consiguiente, de la credibilidad de la mayoría de los ciudadanos en la gestión de Cristina Kirchner.
La realidad mendocina no dista de aquella. El Gobierno de la provincia toma deuda en dólares para financiar el déficit operativo del Estado, en particular para pagar gastos corrientes, como los sueldos de una plantilla de empleados públicos que ha crecido en los últimos años en forma inusitada. Así, es lógico pensar que el decreto impulsado por Francisco Pérez –nuevamente– para congelar el ingreso de personas a las distintas reparticiones del Estado será meramente “decorativo”, ya que sólo entre el período que comprende diciembre del 2011 y diciembre del 2012 se incorporaron 1.490 agentes al gobierno, reduciéndose por su parte la inversión en obra pública.
En el mismo orden de cosas, el gobierno de Pérez ha advertido recién ahora la necesidad de adecuar el Presupuesto
provincial con relación al contexto económico que atraviesa Argentina. Es imprescindible reconocer la importante gestión legislativa de la Unión Cívica Radical en este sentido y especialmente sobre el pretendido endeudamiento de $1.700 millones –inviable desde el punto de vista financiero– que comprometería seriamente las próximas gestiones de gobierno, cualquiera que esta sea, hipotecando el futuro de los mendocinos, conllevando más impuestos para solventar gastos superfluos e ineficientes.
Si el Gobierno –tanto nacional como provincial– continúa en este camino zigzagueante, insensato, en permanente declinación y sin rumbo claro con relación a cuestiones claves de la economía ciudadana, la ecuación de la que estamos presos cada uno de los 40 millones de argentinos continuará inalterable: impericia + imprevisión= más desconfianza. Sus consecuencias están a la vista.
