El juez federal Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y le trabó un embargo por $1.000 millones, en la causa en la que se investigan irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.
En la misma resolución fueron procesados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex integrantes de la CNRT Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes también se le fijaron embargos de hasta $900 millones.
Para todos ellos se estableció la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante el Juzgado el primer día hábil de cada mes y concurrir a los Tribunales de Comodoro Py para notificarse de la medida y el embargo.
Bonadio consideró probado que "entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían". Por ello, ocasionaron un "perjuicio" a las arcas del Estado Nacional por "aproximadamente $609.326.186, indicó Bonadio en su fallo, en el que los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema "destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad".
Contexto
El nuevo procesamiento contra De Vido se produce luego de que del juez federal Luis Rodríguez pusiera un freno al pedido del fiscal Carlos Stornelli para pedir su desafuero en la Cámara de Diputados y su detención por un fraude contra el Estado de al menos $264 millones destinados al complejo Río Turbio.
Bonadio advirtió ahora de que el sistema investigado consistía en que "se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes".
"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", concluyó el juez, que advirtió además que "en el 82% de los casos las auditorías de la CNRT detectaron que las empresas recorrían un kilometraje inferior al que se estaba declarando hasta ese momento para el cálculo del subsidio". Hasta que las empresas se sometieron al control de la tarjeta SUBE y un GPS en cada unidad se entregaron dinero y cupos de gasoil.