País Martes, 13 de diciembre de 2016

Jugada de Timerman en la pesquisa por el acuerdo con Irán

Pidió postergar una audiencia para dejar fuera de la resolución a tres camaristas que en 2017 ya no integrarán el tribunal que lo juzgará a él y a CFK.

La defensa del ex canciller kirchnerista Héctor Timerman le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que postergue la audiencia prevista para el lunes 19, previa a que se resuelva si se abre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El abogado Alejandro Rua, defensor del ex canciller, reclamó a la Sala I del Tribunal que "deje sin efecto" la audiencia convocada para el lunes 19 a las 10, a raíz de un pedido de la DAIA para que se desarchive la denuncia de Nisman y se abra la investigación por el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán.

El planteo se produce en medio de la polémica por el recambio de jueces de la Sala I, que lleva adelante esta causa, a partir de enero: hasta entonces el cuerpo estará integrado por los camaristas Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y desde 2017 estos dos últimos serán remplazados por Liliana Catucci y Eduardo Riggi.

Borinsky y Hornos sospechan que si no hay audiencia el 19 de diciembre, nunca más intervendrán en la causa: de hecho, Borinsky, en su disidencia dijo que existe una "sospecha, compartida por gran parte de la sociedad", de que buscan sacarlo de las causas contra la ex presidenta.

No obstante, los siete jueces que votaron por la mayoría aclararon en su acordada que tanto Hornos como Borinsky deberán decidir si se desarchiva la denuncia de Nisman, y que si la audiencia se pospusiera por cualquier razón para ellos son los jueces quienes deben dictar esa sentencia junto con Figueroa, de la Sala I.

Borinsky y Hornos sólo pueden dictar esa sentencia y en este asunto, porque otros planteos relativos a la denuncia de Nisman u otros casos, aun los ya radicados en Sala I contra Cristina, serán tratados en 2017.

Rúa reclamó que se fije otra fecha con una antelación de diez días porque la "inobservancia" de plazos al resolverse la actual citación "perjudica la intervención, representación y asistencia" de su cliente.

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