La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a este cuerpo que velará por los derechos de todos aquellos que estén internados en lugares públicos o privados: prisiones, asilos, orfanatos y neuropsiquiátricos
Crearon una comisión que evitará las torturas en las cárceles de Mendoza
Por UNO
Por Ariel Sevilla
Semana simbólica si las hay en cuanto a Derechos Humanos en la Argentina.
A pocos días de conmemorarse 35 años del inicio del golpe militar que llevó adelante un plan sistemático de represión, tortura, detención y desaparición de 30.000 personas en el país, este martes en la mañana la Cámara de Senadores de Mendoza creó la Comisión provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Este cuerpo será el órgano de aplicación del Protocolo de Tortura. “Es un instituto externo a los controles del Estado, que garantiza que en aquellos lugares públicos o privados, donde se encuentre una persona en situación de inferioridad, sus derechos sean respetados”, explicó Carlos Quiroga, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
Puso por ejemplo una cárcel, un orfanato, un asilo de ancianos, un hospital neuropsiquiátrico, y que las personas estén siendo víctimas de algún maltrato.
“Velará por los derechos y garantías constitucionales y tiende a la protección de las personas alojadas en los institutos; tendrá algunas facultades de visitar periódicamente los establecimientos penales –sin previo avisos- y podrá comunicarse directamente con los internos o pacientes para verificar de primera voz su situación”, detalló.
El funcionario asumió que la Comisión es un proyecto que data de 2008 y que estuvo algún tiempo en Senadores, pero fue reactivado tras la denuncias de maltrato en la granja penal de San Felipe.
Tras algunas modificaciones en Diputados, este martes fue aprobado por inmensa mayoría en Senadores fue creado la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Provincia de Mendoza.
Quiroga, quien destacó que el proyecto regresó a Senadores con muy pocas modificaciones, expuso que además, crea la figura del Procurador de Personas Privadas de Libertad y un comité local, integrados por representantes de ONG.
Amplió que la Comisión es un organismo descentralizado, independiente, autónomo y personalidad jurídica propia. Y que el procurador será propuesto por el Ejecutivo y deberá tener acuerdo del Senado.
