Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menendez ya han recibido duras penas, mientras otros, como los represores de la ESMA, podrían ser condenados en julio de este año.
A 35 años del golpe, los juicios involucran a los máximos responsables militares de la dictadura
Por UNO
A 35 años del último golpe cívico-militar que instauró la más sangrienta de las dictaduras que soportó el país en su historia contemporánea, sus principales responsables -entre ellos Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menendez- ya han recibido duras penas, mientras otros, como los represores de la ESMA, podrían ser condenados en julio de este año.
Ante un nuevo aniversario de la asonada que instaló a la junta militar integrada por Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti en el poder, tras derrocar a Isabel Perón, el primero se muestra quebrado física y moralmente.
Los otros dos ya fallecieron sin haber sido juzgados (a excepción de la Causa 13) en tanto Menéndez, que reprimió brutalmente desde su centro clandestino de Córdoba, acaba de recibir una nueva condena a prisión perpetua, esta vez por crímenes cometidos en Tucumán.
Según datos proporcionados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) "a agosto de 2010, un total de 1.576 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Sin embargo, apenas 89 imputados obtuvieron sentencia -81 condenados y 8 absueltos-".
Si bien esos datos podrían variar por los juicios ya concluidos en todo el país, hasta el momento en el ámbito de la Capital Federal han sido condenados los 16 represores del circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo, quienes recibieron penas de entre 25 años y prisión perpetua, mientras que un nuevo incremento de esa cifra se avecina en el juicio por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, una de las sedes del Plan Cóndor, donde las fuerzas represivas argentinas aunaron su accionar con las dictaduras de otros países vecinos.
A modo de ejemplo, en ambos centros clandestinos actuó el ex agente de inteligencia del batallón 601, Raúl Antonio Guglielminetti, a quien el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel identifica como la persona que le quiso aplicar la ley de fuga, vale decir su muerte, cuando la presión internacional impidió que lo arrojaran vivo a las aguas del Río de la Plata.
En sus últimas palabras ante el tribunal Oral Federal 1 que lo juzga, Guglielminetti invocó la Constitución y las leyes para no ser nuevamente condenado.
En Orletti se aguardará que terminen los descargos de los restantes represores juzgados para que se conozca la fecha de la sentencia.
Asimismo, el juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la instrucción de toda la causa ESMA, elevó a juicio oral el caso de la joven sueca Dagmar Haguelin, en el que aparece implicado el ex capitán Alfredo Astiz, quien le habría disparado por la espalda al momento de su detención, el 17 de enero de 1977.
En tanto, se iniciarán, a partir de abril ocho nuevos juicios en capital, Salta, Tucumán, Rosario, Mar del Plata, Corrientes y Bahía Blanca.
Esta última, una de las zonas donde la represión actuó con más crudeza, se iniciará un juicio contra 19 imputados acusados por 90 casos de víctimas durante la dictadura. (NA)
