24 de marzo de 1976

audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan

para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue

totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se

duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación

estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de

enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda

forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre

todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la

población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el

"orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra

la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros

fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.

Los acontecimientos previos

Los cambios que se produjeron en la sociedad argentina durante el gobierno de Isabel Perón

fueron determinantes en el agotamiento del régimen democrático inaugurado en 1973, y su derrota por

el golpe militar.

A comienzos de 1975 se produjo un agravamiento de la situación económica, causada por la

suspensión en el Mercado Común Europeo de las compras de carnes argentinas, que llevó a la

devaluación del peso, la caída de los salarios reales y el aumento de reclamos sindicales. Esto

ocasionó la renuncia del ministro de economía, Alfredo Gómez Morales, y la designación en su

reemplazo de Celestino Rodrigo, a quien se le encargó instrumentar un plan económico. Las medidas,

anunciadas el 4 de junio, incluyeron una devaluación superior al 100%, el aumento de los precios

del combustible del 175%, de las tarifas eléctricas el 75%, y aumentos de otros servicios públicos.

Entonces se volvió necesario someter a los dirigentes sindicales más contestatarios y

designar una cúpula sindical dócil. Las medidas económicas impulsadas fueron un duro golpe a los

salarios reales de los trabajadores e hizo caer en el desprestigio a sindicalistas, otrora

combativos, que tuvieron una actitud dubitativa. La consecuencia de esto fue el nombramiento de

hombres afines del gobierno. Fueron desplazados dirigentes como Agustín Tosco, del gremio

metalúrgico, René Salamanca, de los mecánicos y Raimundo Ongaro, líder del gremio gráfico.

Las medidas tomadas por el nuevo ministro, conocidas como 'el rodrigazo', generaron muchas

protestas obreras ya que el ministro se negaba a dar aumentos salariales superiores al 38%. Para

imponer las medidas y frenar las protestas, un sector del gobierno se dedicó a perseguir a

intelectuales, artistas y activistas sindicales considerados de izquierda. Esta persecusión ilegal

fue llevada a cabo por elementos clandestinos organizados en la Alianza Anticomunista Argentina

(AAA) dirigidos desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de la principal figura del

peronismo, el "brujo" José López Rega . La CGT suspendió las negociaciones paritarias el 5 de

junio.

Mientras su colaboración con el gobierno la desprestigiaba vio desplazar a sus hombres del

poder, alejados de puestos en el gobierno. Por ello, la CGT se vio obligada a llevar adelante un

plan de lucha con huelgas generales, movilizaciones y apoyo a reclamos salariales que desestabilizó

al gobierno y precipitó la caída del ministro López Rega, quien fue destituido el 11 de julio para

luego abandonar precipitadamente el país.

Rodrigo fue reemplazado en economía por Antonio Cafiero, el 14 de agosto de 1975, quien

tampoco consiguió un plan económico que permitiera mejorar la situación de las empresas del país,

ya que los trabajadores no estaban dispuestos a hacer un sacrifico. En 1975, el costo de vida

aumentó 334,8 %, anunciado el 5 de enero del siguiente año. Las cúpulas empresariales presionaron y

exigieron cambios al gobierno.

Los grupos de ultraizquierda profundizaron sus acciones armadas, que aumentaron la confusión

política dando al gobierno la posibilidad de intensificar la represión indiscriminada. María Estela

Martínez de Perón pidió licencia por razones de salud desde el 13 de septiembre de 1975 hasta el 6

de noviembre de 1975. Durante el período, Ítalo A. Luder asumió el cargo de presidente provisional

del Senado. El nuevo mandatario reemplazó al ministro del Interior, Vicente Damasco por Ángel F.

Robledo, y procuró ganar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Para ello envió al Congreso el proyecto de creación del Consejo de Defensa Nacional y de

Seguridad Interior que entregaba a los militares la responsabilidad total de la lucha contra la

subversión armada. Durante los meses siguientes se incrementaron la inflación, el desempleo y las

huelgas.

Se intensifican las acciones armadas

Entre los trabajadores se intensificaba la organización de sus luchas y algunas comisiones

internas comenzaron a proponer la toma u ocupación de los lugares de trabajo. La represión ilegal,

que se había ensañado contra los dirigentes sindicales, se tornó ineficaz.

Este curso de los acontecimientos asustó a muchos empresarios que, viendo al gobierno

debilitado, atado por los mecanismos parlamentarios y las necesidades electorales, se inclinaron a

favor de un golpe militar.

Los hombres con más sensibilidad política, también percibieron que los acontecimientos

empezaban a favorecer el crecimiento de organizaciones políticas izquierdistas, con estrategias de

poder sustentadas en esas luchas y en la aparición de coordinadoras de las comisiones internas más

activas, mientras se debilitaba la influencia de los partidos tradicionales. El 7 de febrero, la

UCR advirtió sobre la inminencia de un golpe de Estado ante "la falencia del PE".

Los más amplios sectores populares pasaron de una actitud de oposición a los militares, que

caracterizó la mentalidad de los años sesenta, a un desprecio al gobierno constitucional y a una

disminución de su participación política, asustados y confundidos por el accionar de la guerrilla.

La política vacilante de la CGT, entre el gobierno peronista y el apoyo a las luchas de los

trabajadores, había ido debilitando la idea, en la clase media, de que esas luchas pudieran dar

solución y traer orden. Los cambios de rumbo del gobierno de Isabel, las acusaciones de corrupción

que se le hicieron, las devaluaciones de la moneda y el crecimiento de los precios, fueron ganando

entre las clases medias la necesidad de que hubiera un gobierno fuerte que pusiera las cosas en

orden.

 

Cómo se gestó el Golpe

El golpe se empezó a preparar el 12 de diciembre de 1975, cuando el brigadier Orlando

Capellini hizo el primer pronunciamiento fallido. El intento fracasó porque todavía no se habían

terminado de consolidar las jefaturas de las Fuerzas Armadas detrás del mismo objetivo. Pero su

acción mostró que, entre los altos oficiales, las condiciones estaban maduras. Las incógnitas que

despertaba entre las cúpulas militares acerca de cuál sería la reacción social fueron despejadas

cuando los estratos medios de la sociedad reflejaron que no se opondrían a un golpe. Así fue

interpretada, al menos, la indiferencia o simpatía que despertó el alzamiento de Capellini.

Mientras tanto, el periodismo siguió insistiendo en que era necesario poner orden, fin a la

corrupción y facilitar el advenimiento de un gobierno menos incapaz que el de "Isabelita". El

radicalismo, que por boca de su principal dirigente expresó que, si existía un golpe era por culpa

del gobierno, no estuvo dispuesto a preparar a la población para que se defendiera.

Al contrario, fortaleció el objetivo de los militares. El jefe del partido radical, Ricardo

Balbín , fue claro cuando respondió "no tengo soluciones" al reclamársele una alternativa frente al

golpe. Durante los primeros dos meses de 1976, estas características se acentuaron y prepararon el

escenario del golpe militar. En el Congreso se multiplicaron los pedidos de renuncia de la

Presidenta como forma de solución de la crisis, durante el 9 de febrero. El 18 de febrero María

Estela Martínez de Perón informó que no renunciaría y el 20 de febrero se convocó a elecciones

presidenciales para el 12 de diciembre. Alea jacta est. El golpe fue preparado con anticipación por

las fuerzas armadas. Dos días antes del 24 de marzo, por ejemplo, ya se realizaban movimientos

militares con la excusa de combatir la subversión ocupando lugares estratégicos.

Fuente:

Informe especial del

Ministerio de Educación de la Nación

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