El reciente fallo de la Justicia estadounidense por la expropiación de YPF encendió todas las alarmas. La Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital, que adquirieron los derechos de litigio de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de la petrolera. El impacto económico será multimillonario y afectará seriamente al país.
No fue la ley, fue el show: cómo Kicillof y Cristina hundieron a la Argentina con YPF
El reciente fallo de la Justicia estadounidense por la expropiación de YPF encendió todas las alarmas. El impacto económico será multimillonario y afectará seriamente al país
El reciente fallo de la Justicia estadounidense por la expropiación de YPF encendió todas las alarmas.
Los responsables tienen nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner y su entonces ministro Axel Kicillof, quienes desde el Poder Ejecutivo convirtieron una operación compleja en un show mediático, tomando decisiones que hoy se traducen en consecuencias devastadoras. No se puede cargar la culpa sobre quienes aprobaron en el Congreso el marco legal para la expropiación de YPF en 2012; sería tan absurdo como responsabilizar a quienes votan leyes para expropiar terrenos si luego la ejecución de la obra es desastrosa. Una cosa es la norma, otra muy distinta es cómo se la implementa.
Una historia sin fin
Todo comenzó en 1993, durante el primer gobierno de Carlos Menem, cuando YPF fue privatizada y empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En ese contexto se estableció un estatuto que obligaba a cualquier comprador mayoritario a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones.
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En 1999 ingresó Repsol como accionista principal y, casi una década después, el Grupo Petersen —ligado a la familia Eskenazi— compró el 25% de YPF, con un esquema insólito: financiado con créditos que se repagarían con utilidades futuras de la propia compañía. Una operación de ingeniería financiera con aroma a favoritismo político.
La frutilla del postre llegó en 2012. Kicillof lideró la estatización de YPF ignorando por completo el estatuto vigente: no sólo no se indemnizó debidamente al Grupo Petersen, sino que se evitó realizar la OPA obligatoria. El argumento del gobierno fue que el Estado podía intervenir la empresa de manera "temporaria", sin definir aún el precio de la expropiación.
Ante semejante atropello, la familia Eskenazi transfirió su derecho a litigar al fondo Burford Capital, especializado en pleitos internacionales. La causa avanzó durante años y, como era previsible, terminó con un fallo adverso para la Argentina. Un fallo que ya supera los 17.000 millones de dólares y que implica una pérdida mayúscula de control sobre la petrolera nacional.
El costo de la soberbia
El kirchnerismo no solo violó las normas básicas del derecho corporativo internacional, sino que lo hizo con la arrogancia típica del populismo: como si las consecuencias nunca fueran a llegar. Pero llegaron. Y alguien debería hacerse responsable, al menos políticamente. ¿Lo harán? Es poco probable. El manual del populista, rara vez contempla la autocrítica.
Mientras tanto, la sociedad ya tomó nota. Y en cada elección, los votos parecen reflejar cada vez más esa toma de conciencia.
Artículo de opinión del senador provincial Martín Kerchner
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