Durante años, la discusión educativa en la Argentina quedó atrapada entre dos posiciones que parecían irreconciliables: por un lado, quienes sostienen que todos los problemas se resuelven aumentando el presupuesto y, por otro, quienes creen que el problema depende exclusivamente de la gestión y que los recursos ocupan un lugar secundario. La experiencia de Mendoza muestra que esa discusión está mal planteada, porque una buena política educativa necesita ambas cosas: inversión suficiente y una gestión capaz de transformar esos recursos en mejores aprendizajes.
Opinión sobre Educación
Más inversión, más evaluación, mejores aprendizajes
Mendoza combina uno de los mayores esfuerzos presupuestarios en educación del país con posiciones destacadas en las Pruebas Aprender. La evaluación permanente, el seguimiento de las trayectorias y la gestión basada en evidencia aparecen como algunas de las claves de esa mejora
Para 2026, la inversión educativa prevista representa aproximadamente el 29% del presupuesto provincial, ubicando a Mendoza entre las jurisdicciones que mayor proporción de sus recursos destinan a educación. Pero el dato más interesante aparece cuando ese esfuerzo presupuestario se compara con los resultados: la provincia no solo está entre las que más invierten proporcionalmente en educación, sino que también aparece entre las jurisdicciones con mejor desempeño en las Pruebas Aprender 2025. En Lengua/Lectura ocupa el cuarto lugar dentro de la métrica utilizada.
La comparación entre jurisdicciones muestra diferencias muy marcadas en la capacidad de transformar recursos en resultados. Santiago del Estero, por ejemplo, ocupa el puesto 20 en Lengua/Lectura pese a asignar el 31,2% de su presupuesto a educación, mientras que Salta se ubica 15ª con un 30,5%. Buenos Aires, con un 27,8%, aparece en el puesto 8, y más atrás se encuentran Chaco y Santa Fe, en los lugares 23 y 21 respectivamente. Frente a esos casos, Mendoza exhibe una combinación mucho más favorable entre esfuerzo fiscal y desempeño educativo.
La responsabilidad de un gobierno no termina cuando asigna una partida presupuestaria, sino que comienza allí. Después hay que poder explicar qué se hace con esos recursos, qué políticas se financian y, sobre todo, qué resultados se obtienen. En ese sentido, Aprender 2025 muestra para Mendoza la mayor reducción interanual de estudiantes en niveles críticos desde que existe una serie comparable: en Lengua, la proporción de alumnos por debajo del nivel básico disminuyó 7,8 puntos porcentuales y en Matemática bajó 5,1 puntos. Además, Mendoza se ubicó mejor que el promedio nacional en ambos indicadores.
Una de las transformaciones más importantes de los últimos años ha sido el fortalecimiento de la evaluación educativa. Mendoza consolidó un sistema que permite producir información, seguir trayectorias escolares, anticipar dificultades y orientar las políticas pedagógicas con mayor precisión. El objetivo es pasar de una cultura basada en la intuición a una cultura basada en la evidencia, entendiendo que evaluar no significa castigar, sino conocer dónde están los problemas para poder intervenir a tiempo.
Los resultados de nuestros propios operativos muestran por qué esta estrategia es importante. Entre la primera y la tercera medición provincial de fluidez y comprensión lectora de 2025, la proporción de estudiantes en nivel crítico disminuyó del 11,1% al 9,1%, mientras aumentaron los alumnos ubicados en los niveles medio y avanzado. Esa lógica de evaluación permanente permite detectar dificultades, orientar recursos y corregir políticas antes de que los problemas se consoliden.
También recuperamos el valor de estar en la escuela. El calendario escolar, la asistencia y la continuidad pedagógica son condiciones necesarias para mejorar los aprendizajes, aunque por sí solas no alcanzan. El objetivo no es simplemente sumar días de clase, sino lograr que los estudiantes estén en la escuela y aprendan, con docentes acompañados y herramientas que permitan intervenir sobre cada trayectoria.
Al mismo tiempo, la inversión educativa no se limita a salarios. Durante 2024 y 2025 se destinaron $60.000 millones a infraestructura y mantenimiento escolar, mientras que en 2025 se incorporaron 21.000 netbooks distribuidas mediante 700 aulas digitales móviles, junto con plataformas educativas y herramientas vinculadas con inteligencia artificial. La incorporación de tecnología tiene sentido cuando mejora lo que sucede dentro del aula, facilita el trabajo docente y prepara a los estudiantes para una sociedad y un mercado laboral que están cambiando rápidamente.
La misma lógica se extiende a la primera infancia. Durante 2025 se habilitaron 180 nuevas salas de 3 años, que se sumaron a las 63 creadas durante 2024, avanzando hacia el objetivo de universalizar progresivamente el acceso a ese nivel. Sabemos que muchas desigualdades comienzan antes de la escuela primaria y que intervenir tempranamente permite mejorar las oportunidades educativas posteriores.
Mostrar resultados positivos, sin embargo, no significa negar los desafíos. Matemática sigue siendo una prioridad y persisten brechas importantes asociadas a las condiciones socioeconómicas. Entre los estudiantes del quintil más bajo, el 27,5% se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática, mientras que entre los del quintil más alto esa proporción desciende al 10,4%. Una buena educación pública no puede conformarse con mejorar los promedios; tiene que lograr que el origen social determine cada vez menos las oportunidades futuras de cada estudiante.
Esta misma concepción es la que Mendoza llevó al debate nacional sobre financiamiento educativo. La Argentina necesita garantizar recursos para la educación, pero esos recursos deben transformarse en aprendizajes, infraestructura, tecnología, mejores trayectorias y resultados medibles. No creemos que la educación pueda transformarse desfinanciándola, pero tampoco creemos que el éxito pueda medirse solamente por cuánto dinero figura en una planilla presupuestaria.
La posición de Mendoza es más exigente: invertir los recursos necesarios, gestionarlos bien, evaluar permanentemente y mostrar resultados. Los avances obtenidos no nos permiten conformarnos, sino que nos obligan a profundizar el camino, porque el verdadero presupuesto educativo de una sociedad no se mide solamente en pesos, sino también en las oportunidades que somos capaces de construir para nuestros chicos.
Firman la nota los siguientes legisladores:
1. Yamel Ases DNI 349782462. Leonardo Mastrangelo DNI 346250423. Silvia Cornejo DNI 171284794. Erica Pulido DNI 261287225. Melisa Martínez Malanca DNI 347854546. César Cattaneo DNI 26055586 7. Juana Allende DNI 39761603 8. Alejandra Torti DNI 30573727 9. Elisabeth Crescitelli DNI 13871672 10. Franco Ambrosini DNI 33171700 11. Mauro Giambastiani DNI 34.747.438 12. Sol Salinas DNI 3639359413. Daniel Gabriel Llaver DNI1453216814. Beatriz Martínez DNI 2758013215. Natacha Eisenchlas DNI 2137115416. Julián E. Sadofschi DNI 26.201.06317. Eduardo Martín DNI 2544313118. Natalia Yamila Rabite DNI 3236989019. Evelin Giselle Pérez DNI 3131815020. Néstor Octavio Majul DNI 2070914821. Patricia Sánchez DNI 2655942622. Sergio Márquez DNI 2609214623. Marcelino Oscar Iglesias DNI10.628.62624. Gustavo Soto DNI 20.114.28025. Leonardo Jorge Yapur. DNI 3029812826. María Laura Sainz DNI 31.755.19427. Jesica Laferte DNI 2975916128. Andrés Lombardi 23531998 29. Eugenia Demarchi DNI 2798415030. Raúl Villach DNI 836912731. Martín Kechner DNI 2416068732. David Sáez DNI 2470732833. Silvina Laura Soledad Gómez DNI 2789227534. Miguel Ángel Ronco N 10599223
