Hace tiempo que algo cambia en la justicia laboral de Mendoza. Se trata de una transformación gradual, perceptible en la práctica cotidiana de los tribunales. Los jueces analizan las demandas con mayor detenimiento, requieren pruebas concretas y fundamentos consistentes. Ya no bastan las expresiones genéricas ni los reclamos desmedidos. Este cambio, discreto pero significativo, aporta seguridad jurídica a quienes generan empleo y exige un mayor compromiso profesional a quienes litigan.
Opinión
Los tribunales laborales mendocinos y el nuevo clima en materia de despidos
La justicia laboral mendocina comienza a mostrar un cambio de rumbo: los tribunales ponen límites a los reclamos sin sustento, priorizan la prueba y devuelven previsibilidad a un sistema que durante años castigó incluso al empleador que cumplía
Hebe Casado, vicegobernadora. Se refirió a lops cambios positivos en la justicia laboral de Mendoza.
Foto: X de Hebe CasadoDurante décadas, el sistema laboral argentino se inclinó hacia una protección amplia del trabajador, lo cual -en su origen- fue razonable. En un contexto de informalidad y desempleo estructural, era necesario equilibrar la relación con el empleador. Pero con el paso del tiempo, esa tutela se volvió excesiva. Lo que nació para compensar desigualdades terminó generando nuevas asimetrías. En los hechos, muchos empleadores responsables quedaron atrapados en un esquema donde toda duda se resolvía en su contra, aun cuando obraban con buena fe y cumplimiento.
En Mendoza, esa lógica comenzó a agotarse. Los tribunales, sin abandonar su espíritu protector, empiezan a separar el reclamo legítimo del oportunista. Lo hacen con prudencia, pero también con firmeza. Y ese giro se siente con especial fuerza en el empresariado local, donde la litigiosidad laboral fue durante años un factor de riesgo tan importante como la presión impositiva.
La litigiosidad laboral fue durante años un factor de riesgo tan importante como la presión impositiva.
Un caso reciente ilustra con claridad esta nueva tendencia. Una empleada en licencia médica, que atravesaba un cuadro de ansiedad, se consideró despedida al no recibir tareas exclusivamente virtuales y promovió una demanda millonaria contra su empleador. El tribunal analizó minuciosamente los certificados médicos, los intercambios epistolares y la conducta de ambas partes, concluyendo que la empresa había actuado conforme a derecho: respetó las licencias, ofreció una reincorporación gradual y obró de buena fe. La sentencia fue contundente: el despido indirecto resultó infundado y la demanda fue rechazada con costas. En sus fundamentos, el fallo recordó que la continuidad laboral protege al trabajador, pero no ampara rupturas forzadas o artificiosas destinadas a obtener un beneficio económico.
Otro pronunciamiento reciente tuvo como protagonista a un empleado despedido por conducta violenta. Según la prueba, el trabajador había amenazado y agredido verbalmente a su empleador. La justicia entendió que esa actitud quebró la confianza necesaria para la convivencia laboral y convalidó el despido con causa. “La estabilidad -señalaron los jueces- no equivale a impunidad.”
También se observan decisiones que descartan reclamos por indemnizaciones agravadas -por maternidad, matrimonio o daño moral- cuando se advierte que la base es puramente conjetural. En estos casos, los magistrados enfatizan que las figuras protectoras no pueden convertirse en herramientas de presión ni en atajos para obtener montos millonarios sin prueba concreta.
Estos fallos muestran una maduración institucional que busca equilibrio entre protección y responsabilidad. En Mendoza, donde las pequeñas y medianas empresas representan gran parte del entramado productivo, la seguridad jurídica empieza a verse no como un privilegio del capital, sino como una condición necesaria para sostener el empleo. La Justicia, en definitiva, está dando una señal de coherencia: los derechos laborales valen tanto como los deberes que los acompañan.
Hay una maduración institucional en los fallos de la justicia laboral de Mendoza.
El mensaje es claro. El trabajador que cumple sigue protegido; el que abusa del sistema, no. El empleador que respeta la ley puede confiar, al menos un poco más, en que las reglas se aplicarán con sensatez. Y esa certeza -tan básica como difícil de conseguir- puede ser el principio de una nueva etapa.
Más que un cambio de jurisprudencia, lo que parece emerger es una recuperación de confianza. Confianza en que la Justicia puede ser equilibrada sin dejar de ser humana; en que el trabajo digno no se opone al cumplimiento empresarial; y en que la previsibilidad, lejos de debilitar al derecho laboral, puede fortalecerlo.
Mendoza, con su estilo sobrio y su historia de equilibrio judicial, podría estar marcando una tendencia que trascienda sus fronteras.