Un grupo de narcos fusiló a 13 menores que estaban en un centro para drogadictos en Tijuana

poder, publica

El País.

Unos minutos más tarde, los autores de la matanza intervinieron la frecuencia de la policía

y, sobre un fondo de narcocorridos, profirieron una amenaza: "Esto apenas empieza. Habrá 135

asesinatos". Un muerto por cada tonelada de marihuana que las autoridades decomisaron y quemaron

hace solo unos días.

"Esto apenas empieza. Habrá 135 asesinatos", dicen los criminales

28.000 personas han muerto en tres años de guerra contra el narcotráfico. Es, desde hace tres

años, el día a día, la noche a noche, de la frontera norte de México.

Igual que sucedió antes en Juárez, la matanza de Tijuana no fue más que una repetición exacta

de otras ejecuciones múltiples, idénticas en su crueldad, todas sin un porqué exacto más allá de la

guerra sin cuartel que mantienen los principales carteles de la droga entre sí y contra el

Gobierno.

Las autoridades -incapaces de investigar, detener y juzgar a los culpables- esbozan en las

horas siguientes a cada asesinato una explicación sin demasiado sustento: "Los sicarios que mataron

a los 14 adolescentes e hirieron a 19 más durante una fiesta de cumpleaños iban buscando a un tipo

apodado el Ratón...".

Nadie sabe cuál es el nombre real del Ratón, ni siquiera si existe, ni si quienes lo buscaban

a balazo limpio pertenecen a los Aztecas o tal vez a los Artistas Asesinos, las bandas de sicarios

del cartel de Juárez y del de Sinaloa. Lo único seguro son los 70 casquillos de fusiles AK-47

encontrados junto a un patio lleno de sangre y el llanto de un padre que, abrazado al ataúd de su

hijo de 15 años, repite ante las cámaras: "Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. No le hizo

daño a nadie".

Durante un tiempo, el presidente Felipe Calderón hizo caso a los supuestos expertos que le

asesoran en materia de seguridad y dijo que la práctica totalidad de los caídos procedía de las

mismas filas del crimen organizado, sicarios, vendedores de drogas al por menor, carne de cañón.

Ya, si lo piensa, no lo dice. Porque basta revisar las muertes de las últimas 72 horas para

comprobar que los "daños colaterales" de la guerra contra el narcotráfico son cada vez más

insoportables. Los 14 muchachos de Juárez, una mujer de 45 años y sus hijos, de 14 y 18, que se

cruzaron en una refriega entre policías y narcotraficantes en Saltillo; un niño de 10 años y un

adolescente de 15, víctimas también de sendas balas perdidas en Torreón...

Lo cierto es que tres años y 28.000 muertos después de iniciada la guerra contra el crimen

organizado, los carteles de la droga no solo no parecen más débiles sino más bien todo lo

contrario. Una de sus últimas demostraciones de fuerza tuvo lugar ayer mismo. Uno de los grupos

criminales que operan en Ciudad Juárez colgó un vídeo en YouTube donde varios sicarios vestidos de

militares y empuñando fusiles de alto poder entrevistan a un tal Mario Ángel González Rodríguez,

hermano de Patricia González, hasta hace unas semanas procuradora de Justicia de Chihuahua, el

Estado norteño al que pertenece Ciudad Juárez.

Sentado en una silla y con grilletes en las manos, el secuestrado reconoce con aparente

tranquilidad que su hermana trabajaba a sueldo del cartel de Juárez, que tenía una red de policías

y abogados corruptos a su servicio -de los que proporciona nombres y apellidos- y que hasta llegó a

ordenar algunos asesinatos, entre ellos los de dos periodistas.

La pregunta es: ¿qué credibilidad se puede otorgar a las declaraciones de una persona

interrogada por una banda de sicarios que, probablemente, ya lo habrán asesinado? En condiciones

normales, ninguna.

Pero esa es otra de las distorsiones que vive México: en Ciudad Juárez era un clamor la

peculiar forma de actuar de la procuradora Patricia González.

Valga un dato, proporcionado a este periódico por el anterior alcalde de la ciudad, José

Reyes Ferriz: de 10.000 detenidos por delitos flagrantes, la procuradora solo encerró a 400.