Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, unos 4.112 ex miembros delas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) aseguraron haber perpetrado 30.470asesinatos en 20 años, entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003. Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia, país que se precia de ser una de lasdemocracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina(1976-83), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general AugustoPinochet en Chile (1973-90), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Las autoridades están verificando la información y hasta el momento han validado denunciassobre 11.797 homicidios, explicó a la AFP una fuente del organismo. Una ley promovida por el gobierno del presidente Alvaro Uribe fija una pena máxima de ochoaños de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes yacepten reparar a sus víctimas. La Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de 1.085 masacres,1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2.326 desplazamientos forzados y1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros, según el informe. "El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Segúndenuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analistaAlvaro Villarraga. "Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país acausa del conflicto", enfatizóVillarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del EjércitoPopular de Liberación (EPL) y quien dirige en la actualidad la Fundación Cultura Democrática. A su turno, Eduardo Pizarro, presidente de la estatal Comisión Nacional de Reparación yReconciliación (CNRR) dijo a la AFP que si bien la cifra de víctimas es "alarmante", es "gracias ala política de desmovilización que se está llegando a la verdad". "La cifra de homicidios es alta como también los avances de la ley de justicia y paz cuando uno ve indicadores como el número de versiones libres recibidas o el de crímenes confesados.Colombia se hubiese gastado décadas en comprobar la responsabilidad en delitos que ahoraconfesaron", señaló. Hasta diciembre, la Fiscalía verificó la existencia de 485 masacres -la muerte de cuatro omás personas en un mismo ataque-, 1.093 reclutamientos de menores, 1.412 desaparicionesforzadas,747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros. La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los paramilitares de las AUC -enemigosacérrimos de la guerrilla- que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno de Uribe,entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes. Unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos,aunque organismos de derechos humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos mediosse marginaron de ese plan y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico. En particular, la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció este febrerograves violaciones de derechos humanos por parte de grupos "herederos de los paramilitares" enColombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización. En mayo de 2008 el gobierno de Uribe decidió extraditar hacia Estados Unidos a trece de losdesmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitosrelacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes. Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de lasvíctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes paramilitares continúen rindiendodeclaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los delitos denarcotráfico.
