El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció nuevas medidas que impiden que inmigrantes indocumentados accedan a programas de desarrollo laboral financiados con fondos públicos. La iniciativa responde a la orden ejecutiva 14218, firmada por el presidente Donald Trump, según informa la agencia EFE.
Inmigración
Estados Unidos prohíbe que inmigrantes indocumentados accedan a programas de empleo
Estados Unidos impide que inmigrantes sin papeles accedan a programas de trabajo con fondos públicos. La medida apunta a proteger empleos nacionales
Trabajadores de la construcción en Washington en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo.
Las directrices fueron presentadas por la Administración de Empleo y Capacitación y afectan a todos los proyectos vinculados a la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA). Según la nueva norma, cualquier participante en estos programas deberá presentar una autorización de trabajo válida antes de recibir servicios.
Esta decisión reemplaza las políticas implementadas durante la administración de Joe Biden, que, según el comunicado oficial, habrían incentivado la inmigración indocumentada.
Trabajo en Estados Unidos: prioridad para ciudadanos y residentes legales
“La fuerza laboral es más fuerte que nunca bajo el liderazgo del presidente Trump”, afirmó la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, quien destacó que esta medida pone a los trabajadores estadounidenses primero. “Estamos comprometidos con el respeto a la ley y con proteger los empleos bien remunerados”, agregó.
El Departamento de Trabajo también señaló que actualizará todas las políticas y procedimientos para verificar el estatus laboral de los participantes. La documentación adecuada deberá mantenerse en cada expediente.
Este paso, según las autoridades, garantiza que los fondos públicos se utilicen de forma eficiente y que las empresas puedan confiar en el sistema para contratar talento calificado y legalmente autorizado.
Estados Unidos refuerza sus controles laborales
La nueva guía hace hincapié en que los servicios financiados por los contribuyentes deben estar reservados exclusivamente para personas autorizadas a trabajar en Estados Unidos, tal como exige la ley federal. La Administración sostiene que esto refuerza la seguridad de las fronteras y el compromiso con frenar la inmigración ilegal.
Con esta actualización, la administración Trump marca un nuevo rumbo en la política laboral, alineando el acceso a programas de trabajo con la legalidad migratoria en el país.