Chile, a través de su Consejo de Defensa del Estado (CDE), demandó a la Compañía Minera San Esteban
Primera con el fin de
recuperar el dinero que gastó el fisco de Chile en el rescate de los 33
mineros.
La cifra de entre 10 y 20 millones de dólares no es definitiva.
Entre los costos que tuvo la operación que se realizó entre el 12 y 13 de octubre están los
de las máquinas de sondaje, perforadoras, tubos del encamisado encargados a Argentina, los costos
en los equipos de comunicaciones y los repuestos del taladro, que fueron importados desde Estados
Unidos.
La magistrada del 6° Juzgado Civil de Santiago, Rommy Muller, acogió la solicitud del
organismo en su totalidad para trabar embargos, y decretó de inmediato la prohibición de celebrar
actos y contratos -con el fin de evitar la venta o traspaso- de 32 vehículos que están vinculados a
los dueños del yacimiento, tres bienes raíces y 62 pertenencias mineras de Chañaral, Caldera y
Copiapó. Además la magistrada dispuso la retención de 240 mil dólares adeudados por la empresa
privada Cormin por venta de concentrado de mineral.
Este proceso es paralelo al del 17° Juzgado Civil de Santiago donde se recomendó arrendar la
mina por 10 años para evitar la quiebra, pagar deuda a los acreedores y cancelar finiquitos a los
mineros.
En tanto, una colección de recuerdos del rescate, que se exhibe actualmente en la Casa de la
Cultura de Copiapó, se convertirá en Museo Minero.
