Por Paola Alé[email protected]
Nadie da una explicación puntual de por qué la ley provincial 8.611, de octubre del 2013, hasta el momento no se aplica. Lo cierto es que el Registro Provincial de Huellas Genéticas, que guardaría los datos de ADN de las personas con causas penales –imputados y procesados–, no funciona. Así lo denunciaron los senadores provinciales del bloque radical luego de presentar su proyecto de ley de emergencia en seguridad.
Aunque la ley no ha sido reglamentada por el Ejecutivo, la responsable de su aplicación es la Suprema Corte de Justicia, que podría aplicarla a través de una acordada. La norma obtuvo sanción definitiva hace 8 meses y fue publicada en el Boletín Oficial número 19.505 el 11 de noviembre de 2013.
Su autor, el diputado nacional Luis Petri (UCR), manifestó que su aplicación permitiría reducir la cantidad de casos que quedan sin condena por falta de pruebas, como también los porcentajes de reincidencia. En definitiva, sería una herramienta útil para disminuir la inseguridad. Pero no ha tenido éxito luego de obtener la sanción definitiva del Senado.
Petri aseguró que existen los recursos materiales y físicos en el Poder Judicial para tomar las pruebas y que no es necesario un gasto estatal fuerte para elaborar el registro. Cuál es el inconveniente o razón por la cual la ley está cajoneada nadie lo sabe, excepto los miembros de la Suprema Corte, que no acostumbran responder consultas periodísticas.
Qué dice la leyLa norma determina la creación de un banco de huellas genéticas que acumule los resultados de las muestras de ADN de todos los imputados y procesados por delitos penales.
Colabora con el esclarecimiento de los casos que sean objeto de una investigación criminal.El registro contendrá los datos genéticos tanto de los procesados e imputados como de aquellas personas que intervinieron de alguna manera en la escena del delito ya sea como autores, partícipes o investigadores. En primer término, del personal de las fuerzas de seguridad –policías, fiscal de instrucción, por nombrar sólo algunos–; además, deben tener cargados los datos genéticos de la o las víctimas.
El registro sería útil para reducir el grado de impunidad. “Esto es porque si no se consigue apresar a un presunto delincuente por un delito determinado, si se encuentra su huella genética en otra escena del crimen deberá responder por las dos situaciones”, manifestó el legislador nacional. Tampoco es necesario tomar una muestra de sangre de los imputados y condenados por delitos. Con una muestra de saliva a través de un simple procedimiento de hisopado bucal es suficiente para guardar el registro.
Por qué no se aplicaLa falta de aplicación de la ley no puede atribuirse, según su autor, a la falta de recursos. Petri explicó que su implementación no requeriría de un monto significativo de dinero público, porque los instrumentos son los del laboratorio de ADN de la Universidad Nacional de Cuyo, que por convenio utiliza el Poder Judicial. Desde el 2005 este laboratorio realiza la muestra genética de condenados por delitos sexuales, con los que se ha elaborado un registro de los mismos.
Mirando a la JusticiaPero, cuál es la razón por la que la legislación no está en funcionamiento, tal y como lo denunciaron algunos radicales, como el senador y ex vicegobernador de la provincia Juan Carlos Jaliff, es un misterio.
Si bien es cierto que la ley no está reglamentada, a pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial, el subsecretario legal y técnico del Poder Ejecutivo de la provincia, Gustavo Tobares, explicó que como la autoridad de aplicación es el Poder Judicial, el Ejecutivo no puede decidir cómo debe aplicarse la norma. “Es la Suprema Corte la que debe ponerla en vigencia a través de una acordada”, señaló el funcionario.
Desde el Poder Judicial la respuesta resultó escasa. El único que respondió a la consulta periodística fue el coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, Raúl Vicchi.
El ex legislador radical explicó que el Registro de Huellas Genéticas se irá implementando en forma paulatina.
Pero no puntualizó cómo se hará, y tampoco cuánto tiempo demorará la Justicia en ponerlo en práctica.
►Información genética. De imputados y procesados por delitos, para comparar los datos con los hallados en las escenas del crimen. También contendrá muestras de los policías y responsables de la investigación, como también de las víctimas.
►Suprema corte. Según el artículo 16 de la ley 8.611, el alto tribunal es el órgano de aplicación. Dice que lo hará de a poco.
►Los recursos están. La infraestructura y los bienes humanos y técnicos son los mismos que los que se usan para la elaboración del registro de ADN de delincuentes sexuales, que está en vigencia.
►Senadores radicales. El legislador Juan Carlos Jaliff y los demás integrantes del bloque radical. La ley es de autoría del diputado nacional Luis Petri (UCR).
