Mendoza Domingo, 1 de abril de 2018

Vuelve la interrupción legal del embarazo al debate local

La Legislatura discute en comisiones la aplicación en Mendoza del protocolo de aborto no punible. En 2012 fue rechazada su aplicación en la provincia. Permite que aborte una mujer embarazada por una violación

Un debate espinoso para los políticos mendocinos y que divide aguas en la sociedad asoma sobre el horizonte de abril: la aplicación en la provincia del protocolo del aborto no punible o interrupción legal del embarazo (ILE), que habilitó en 2012 la Corte de la Nación y que ya está siendo tratado en comisiones por la Legislatura provincial con el fin de llevarlo a votación en el Senado antes de fines de mes. Un proyecto similar fue debatido hace seis años, cuando por 20 votos a 15 se rechazó su aplicación. La discusión no será si se autoriza o no el aborto, ya que Mendoza no tiene facultades para legislar sobre la legalización o despenalización del aborto. Eso solo puede hacerlo el Congreso de la Nación. Lo que se discutirá en la Legislatura es si el Estado mendocino redacta un protocolo propio para llevar a la práctica la interrupción legal del embarazo, tal cual la formuló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 en el fallo FAL. Ese año, el máximo tribunal de Justicia nacional dejó en claro que las mujeres encintas a causa de una violación pueden interrumpir legalmente su embarazo y detalló cuándo, cómo y en qué casos hacerlo. El proyectoLa iniciativa, impulsada por la senadora provincial del FIT (Frente de la Izquierda y de los Trabajadores) Noelia Barbeito atraviesa de forma transversal a la Legislatura, recolectando apoyos y rechazos sin distinción de afiliaciones políticas. Ese es el primer obstáculo que enfrenta la reapertura de este debate, que tiene por meta que en Mendoza se habilite lo que ya está reconocido a nivel nacional y postulado como un derecho pero que en la provincia el Estado se niega a reconocer.El segundo obstáculo es que hay tres comisiones legislativas interviniendo en el proyecto y esto podría demorar que la discusión llegue al recinto para que sea votada.El tercer punto es que la mitad de los legisladores mendocinos dejan sus bancas el 1 de mayo, entregándoselas a los elegidos en octubre. Este cambio de la composición legislativa podría potenciar el debate o enviar todo a foja cero. El proyecto de ley de Barbeito, que pretende disponer la aplicación del protocolo de interrupción legal del embarazo, tendría que ser aprobado por la Cámara de Senadores, donde se está discutiendo, y además por la de Diputados. Violación: polémica resueltaEste protocolo, llamado mediáticamente "protocolo de aborto no punible" y formulado por la Corte de la Nación, vino a saldar una discución casi centenaria, que nació con la redacción del artículo del Código Penal de la Nación en el que se precisa cuándo un aborto no se castiga. El fallo de la Corte dejó muy en claro que un embarazo producto de una violación puede ser interrumpido con una maniobra médica, que no se consideraba delito. Aun más, para que no queden dudas la Corte tituló el procedimiento como "Interrupción legal del embarazo" o ILE por su sigla. El artículo 86 del Código Penal que data del año 1921 precisa: "El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1° Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre.2° Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. El segundo punto fue el de la histórica polémica. Los antiabortistas decían que la violación referida era respecto a la mujer idiota o demente y no llegaba al resto de las mujeres, mientras que los proabortistas decían que era no punible para las mujeres violadas y para las discapacitadas mentales abusadas. En un fallo de 2012 la Corte de la Nación dijo sin vueltas que un embarazo producto de una violación habilita su interrupción de forma legal. Pero el procedimiento dispuesto por la Corte nacional incluyó otras novedades: la embarazada no tiene que probar a través de una investigación penal o por el informe de un perito que ha sido violada, y que era suficiente una declaración jurada de la mujer solicitando la interrupción del embarazo y dando cuenta de que había sido víctima de violación. Esto es lo que la Legislatura mendocina discutirá en las próximas semanas.