Un senador pretende sumar las cámaras privadas al registro de Mendoza para esclarecer delitos

Cairo quiere que se realice un recuento de las cámaras de vigilancia públicas pero, además, busca que en el Registro Provincial se sumen las cámaras privadas, con el consentimiento de particulares, comerciantes y titulares de instituciones que posean cámaras en el exterior.

El senador aclaró que las cámaras privadas no serían utilizadas para monitorear, sino sólo para que funcionen como pruebas de esclarecimiento de delitos.

“Será un monitoreo pasivo, es decir, no se visualizarán en forma permanente sus imágenes, como sí sucede con las cámaras públicas”, explicó el senador que busca avances en políticas concretas.

Cómo funcionará el programa

La incorporación de las cámaras particulares será beneficiosa para el incremento de la seguridad ciudadana, pero también para quienes incorporen voluntariamente sus sistemas electrónicos de seguridad. Cairo explicó que en el espíritu de la ley está incluida la deducción de impuestos, equivalente al gasto que los particulares realicen en la compra y mantenimiento de las cámaras.

Otra de las funciones del Registro Provincial será que la autoridad de aplicación, que está pensado sea el Ministerio de Seguridad, realice un recuento de todas las cámaras que ya se encuentran en existencia, según el senador del PRO unas trescientas. El legislador expresó que, con la incorporación de las cámaras privadas y el control y seguimiento de las públicas, el objetivo que se persigue es un control más amplio de lo que sucede en las calles de la ciudad. Esto le dará mayor confianza a los mendocinos para transitar en la vía pública.

Pero quiénes formarán parte de este programa. Lo integraran los locales comerciales, estaciones de servicio, consorcios de edificios, clubes, ingresos a barrios privados, empresas y otros lugares privados de acceso  público. Con respecto a las viviendas particulares que tengan cámaras de seguridad, también podrán formar parte del registro, pero no se deducirán gastos de sus impuestos. Las imágenes privadas tendrán utilidad restringida, sólo para probar delitos, y su contenido es de estricta confidencialidad. Sin embargo, podrían ser utilizadas bajo requerimiento de las autoridades judiciales.

Buscan sumar más juzgados de flagrancia

De los proyectos de seguridad pública que estudia la bicameral legislativa para ser incorporados en la emergencia, uno de los primeros que se convertirán en ley será el de la transformación de juzgados correccionales en juzgados de flagrancia, tal y como lo explicó el senador Gustavo Cairo (PRO), vicepresidente de la comisión.

Esto es para hacer más productivos juzgados que hoy no lo son, dándoles facultades para la realización de juicios directísimos.

Los juzgados de flagrancia son los que tratan las causas de quienes son hallados in fraganti, cometiendo un delito. Tratan causas con penas que van desde los 3 a los 15 años de prisión. En la provincia se resuelven de esta manera al menos 100 casos por mes, y al menos el 90% de estas situaciones se resuelven con condena efectiva.

Cairo explicó que, por ejemplo, en el Este provincial no existe ningún juzgado de flagrancia, y que a partir de la sanción de esta ley se podrá incorporar uno.

Esto le dará más celeridad a la resolución de las causas y descomprimirá otros juzgados que deben atender más situaciones de las que operativamente son capaces.

El senador aclaró que este proyecto ya tiene consenso para ser llevado al recinto mañana, durante la sesión de tablas del Senado. Si así no sucediera, de todas maneras la iniciativa será de las primeras que vean la luz. Otro de los proyectos con buenas perspectivas de resolución es el de la prohibición de portación de armas ilegales, de autoría del diputado del Frente Renovador Daniel Cassia.