El caso de la violación seguida de muerte de la pequeña Catherina Cardozo (3), por cuyo asesinato están imputados su padrastro, Gabriel Brizuela, y su madre biológica, Cintia Cardozo, mostró a las claras las falencias del sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es que ya existía una denuncia contra los imputados por maltrato y abusos cometidos contra la hija mayor de la mujer, Sheila Cardozo, que fue ingresada a mediados de noviembre en el hospital Notti y aún continúa allí.
También obraba un pedido de averiguación de paradero de la madre y la niña menor, solicitado por el OAL.
La Justicia no dio con ellos. El OAL tampoco logró ubicarlos. Eso se concretó sólo en el momento en que Cintia llevó su hija pequeña a la guardia del Lagomaggiore, cuando la niña ya estaba muerta.
Cuando algo no funciona
El punto es que cuando ocurre un episodio de esta gravedad -como sucedió con el caso Luciana Rodríguez, también de 3 años, a la que mató su padrastro, en enero del 2014-, se pone de manifiesto que algo no funciona en el sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que falla es el determinar las competencias de cada organismo relacionado con la problemática de los derechos vulnerados de los niños.Por este motivo, un grupo de profesionales relacionados con la Justicia de Familia, realizó un megaproyecto de ley que consta de 958 artículos y que contempla tres aspectos: el de familia, restitución de derechos y responsabilidad penal juvenil. Fue en setiembre de 2015. Desde esa fecha hasta ahora no se ha avanzado con la iniciativa.
Diario UNO dialogó con Javier López, uno de los especialistas que participó en la redacción de la propuesta, y con las diputadas Sonia Carmona (PJ) y Beatriz Varela (UCR), quienes han intervenido en el aspecto legislativo de la iniciativa.
En qué consiste la propuesta
Javier López explicó que en el capítulo del proyecto que versa sobre protección y restitución de derechos vulnerados, lo que se propone es la creación de un procedimiento de actuación que determina, taxativamente, las competencias del OAL, las de la Justicia y las de cada estamento dedicado a atender esta problemática.Además, establece cuándo es necesario un control de la Justicia de Familia y cuándo esta no es necesaria porque la medida a tomar era puramente administrativa.
"El sistema actual tiene falencias, pero se pueden mejorar. Cuando todas estas decisiones las tomaba solo la Justicia, también fallaba", manifestó el especialista.
Otro aspecto que no dejaba afuera es la responsabilidad de cada ministerio en el tema, y la de áreas municipales y organizaciones de la sociedad civil.
"El grave problema del OAL es que existe un cuello de botella, que consiste en que todo pasa por ellos. Desde casos graves hasta casos menores que podrían ser resueltos en otras instancias, por ejemplo, dentro del ámbito de la DGE", manifestó López.
Además contó que cuando él formó parte de esta área, tenía en su poder al menos 400 expedientes activos. "No hay que desestimar lo que puede ocurrir con cada caso porque todo puede ser una bomba de tiempo y estallar", opinó.
Derrotero legislativo
La diputada Sonia Carmona (PJ) manifestó que se trabajó 4 años en la elaboración de este proyecto intentando modificar la Ley provincial 6.364 de Niñez, Adolescencia y Familia. "Después del caso Luciana nos dimos cuenta de que los procedimientos no estaban claros. Y nos propusimos ordenar el sistema", explicó. Y agregó: "Como en el tema tienen que intervenir diferentes instituciones, creímos necesario ordenarlo para que cada uno tuviera claro lo que tiene que hacer y que nadie pudiera deslindar responsabilidades. Pero no logramos que se tratara".En tanto López aclaró que se buscó dividir la iniciativa en tres: una para derecho de familia, otra para derechos vulnerados y una última para sistema de responsabilidad penal juvenil.
"El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación y no está archivado. Pero no hay avances en la Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia. No se nos ha convocado más", sostuvo Carmona.
Las idas y vueltas del proyecto
Beatriz Varela, la presidenta de la Bicameral, comentó que se trabajó en el proyecto de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que luego sufrió demoras. "Primero lo trabajamos en la Bicameral, luego fue a la Comisión de Legislación y allí tuvimos tres reuniones con los partidos políticos interesados, y con la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Después se lo pasamos a la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, para que lo revisara y así evitar errores. Intentaremos presentarlo antes de fin de año y si no, el año próximo", sostuvo la diputada.En resumen: el proyecto, que ha pasado por diversas comisiones, y ha sido modificado, mejorado y cambiado, está en la Legislatura desde octubre del 2015.
La iniciativa paso a paso
Octubre del 2015
El proyecto ingresa a la Legislatura. Fue elaborado por especialistas como Javier López, Eleonora Lamm y Aída Kemelmajer. Lo presenta la diputada Sonia Carmona (PJ).
Setiembre del 2016
El proyecto original, que contaba con casi 1.000 artículos, se divide en tres secciones. La que versa sobre restitución de derechos fue presentado por la diputada radical Beatriz Varela (UCR), quien además es presidenta de la Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia.
Noviembre de 2017
Después de haberse debatido en tres comisiones (Bicameral, Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto) fue enviado a la Subsecretaría de Desarrollo Social, para que le realizaran aportes. Aún no se debate.
