Una nueva batalla en la Justicia por la investigación penal contra la Tupac Amaru mendocina dejó una tira de nulidades presentadas por la defensa legal de los miembros de la organización barrial, que le planteó a la jueza de garantías María Cristina Pietrasanta que debe apartarse de resolver en el delito de asociación ilícita por no ser legalmente competente.
Además, el abogado Alfredo Guevara solicitó que se declare nula la acusación de la fiscalía bajo esa figura por entender que se basa sobre un hecho falso y que viola del derecho de defensa.
Todo esto se discutió durante la audiencia oral y pública por el pedido de prisión preventiva de Ramón Martínez, quien es el marido de Nelly Rojas, la líder en Mendoza de la organización, preso desde el 7 de abril pasado.
El debate se extendió por algo más de cinco horas y la jueza Pietrasanta difirió resolución, tras ordenar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10.
La disputa central
La fiscalía, liderada por Gabriela Chaves, acusó a Ramón Martínez, como al resto de los miembros de la Tupac, de conformar intencionadamente una asociación ilícita para delinquir, valiéndose del sello de la organización social, de cooperativas que en la práctica no funcionaban como tales y de los planes de viviendas y fondos que les enviaba el Estado nacional, de los que hicieron uso para "enriquecimiento propio desproporcionado", tal cual lo dijo la fiscal Chaves.
La defensa, sin embargo, denuncia que la acusación de la fiscalía "está construida sobre un hecho falso".
El defensor Alfredo Guevara argumentó que la fiscal acusa a sus defendidos de haber cometido un presunto fraude con los fondos nacionales que se enviaban para construir viviendas.
Señaló que por tratarse de fondos nacionales, el fraude debe investigarlo la Justicia federal, que es la que tiene jurisdicción legal, remarcando que hasta ahora los tribunales federales no han imputado ni a Nélida Rojas ni a nadie de la Tupac por fraude.
Por lo tanto, si no hay una acusación de fraude, para Guevara, menos puede haber una acusación de asociación ilícita en la Justicia provincial sostenida sobre algo que no se está investigando en la federal.
El penalista recalcó: "La fiscalía construye la acusación de asociación ilícita sobre un supuesto fraude que no tiene competencia para investigar y que en la Justicia federal no lo están investigando. Por lo tanto se derrumba la asociación ilícita, no existe como tal porque no hay una causa sobre el manejo de los fondos que habrían motivado ese accionar delictivo que nos reprocha la fiscal".
Duro en sus términos y hasta escandalizado, Guevara sentenció: "Esto que digo es básico en derecho. La acusación de la Fiscalía es un mamarracho".
Por esa razón detalló que "como todo está basado sobre una premisa falsa, he pedido que se declare nula la acusación de asociación ilícita".
Afirmó que "la imputación viola el derecho de defensa y por otra parte, teniendo en cuenta que todo se basa en el supuesto fraude, como eso lo debería investigar la Justicia federal, la jueza Pietrasanta no es competente".
La fiscal Chaves rechazó todo lo planteado por la defensa, pidió que no se hiciera lugar y señaló que le informó a la Fiscalía Federal sobre lo que ella estaba investigando, atento a que en este fuero hay una denuncia contra la Tupac mendocina, presentada por la diputada nacional Margarita Stolbizer.
El jefe
Durante la audiencia de prisión preventiva de ayer, la fiscal Gabriela Chaves detalló las conductas de Ramón Martínez (marido de Nelly Rojas) que lo colocan como "uno de los jefes de la asociación ilícita que operaba en la Tupac".
Describió que "Martínez representaba a la Tupac Amaru ante los municipios, los bancos y la Justicia; estaba a cargo de las obras y la compra de los materiales y de a poco fue quien tomó el control del dinero de todas las cooperativas".
Señaló que "a pesar de que Martínez era presidente de una cooperativa, las otras 12 votaron en una asamblea que él manejara los fondos de todas. Después se ampliarían a 20. Así las cooperativas le enviarían los cheques a Martínez, quien manejaba todos los fondos, anulando la voluntad societaria de los miembros cooperativos".
Recordó que de la cuenta de Martínez salió el dinero para comprar 36 vehículos para toda la familia de Nelly y también dos lotes y que protagonizó coacciones y amenazas contra las personas que desalojaban a la fuerza de sus viviendas.
