Tres ex empleados de Turismo deberán devolver $180.000

El período en el que sucedieron las irregularidades se extiende desde el 2009 hasta el 2011.

Se trata de la ex subdirectora del Centro de Congresos, Rosa Villegas, y del encargado de cobranzas y depósitos, Valentín Sosa. También está obligada por el HTC a devolver parte del faltante una mujer que aún es empleada del Ejecutivo: Mariela Tamburini, que antes se ocupaba de la agenda del Centro de Congresos, pero hoy trabaja en la Dirección General de Escuelas.

Pero hay más: el Tribunal de Cuentas multó a las dos personas que eran encargadas de estos sitios culturales: Federico Vázquez de Novoa y Marcelo Quercetti. Ambos tienen que pagar $2.000 por haber sido las caras  visibles y, por tanto, todo lo que sucediera en este área era de su incumbencia.

Desde el Ministerio de Turismo informaron que la causa penal continúa sin resolverse, ya fue elevada a juicio y están a la espera de conocer en  qué fecha se realizará.

El caso

Los hechos que originaron la causa judicial, los sumarios administrativos y el fallo administrativo del HTC ocurrieron, como se cita en párrafos precedentes, entre el 2009 y el 2011. La falta de dinero se produjo por eventos  realizados en el Centro de Congresos y el auditorio Ángel Bustelo.

Lo que ocurría era que estos espacios para realización de eventos se alquilaban, se emitían comprobantes de pago, pero no podía constatarse que el dinero estuviera depositado en el Banco Nación.

La fuga de dinero se detectó de a poco: el primer faltante fue de $30.000. Luego las auditorías detectaron que no estaban los comprobantes por $90.000 y, más tarde, el número que cerró la trilogía fue de $180.000.

Ahora, el Tribunal de Cuentas obliga a los que eran encargados a devolver el último monto. Rosa Villegas debe depositar en treinta días, que se cuentan desde el momento en el que reciba la notificación, la suma de  $97.324,66. Mientras, Sosa tiene que devolver $60.534,47. Por último, Mariela Tamburini debe reintegrarle $22.150,72 al Estado.

Ex empleados

Abogados del ministerio explicaron que cuando ocurren casos como estos, el empleador, que en este caso es el Ministerio de Turismo, debe realizar dos acciones. Lo primero es denunciar en la Justicia la irregularidad, y la  segunda, iniciar una investigación administrativa para saber lo que ocurió.

En esta situación puntual quien llevó el caso a la Justicia local fue el ministro de Turismo, Javier Espina. Lo hizo a fines de 2012. La causa ingresó en la Fiscalía de Delitos Complejos y está en manos de la fiscal Claudia Ríos. En pocos meses podría realizarse el juicio oral. Espina actuó de esta manera porque su rol como responsable de la cartera afectada por la irregularidad lo obligaba a dar constancia a la Justicia de lo que estaba ocurriendo.

Pero, además, se les abrió un sumario administrativo a los empleados, encontrándose culpables a Villegas y a Sosa. Por este motivo, fueron cesanteados.

Con la tercera persona en discordia (Tamburini) la situación es diferente. Ella fue hallada corresponsable, pero corrió mejor suerte que los otros dos. En primer lugar, no fue cesanteada y sólo se la suspendió por 30 días. Actualmente aún trabaja en el Ejecutivo y es parte de la Dirección  General de Escuelas, ministerio en el que tenía su cargo. Según los encargados legales de Turismo, la Junta de Disciplina no encontró cargos suficientes para echarla, pero sí para suspenderla.

En cuanto a los funcionarios multados (Vázquez de Novoa y Quercetti), desde el ministerio que conduce Javier Espina informaron que ninguno de los dos forma parte del equipo de Francisco Pérez. 

Cargos contra funcionarios de San Rafael

Por el centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael también se formularon cargos contra dos empleados, por situaciones similares: falta de registración de eventos en agenda oficial del lugar y falta de depósito de la  recaudación, durante el 2011. Las personas a las que el Tribunal de Cuentas les formuló cargos son Juan Ruti (titular del Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael) y Paola Bressan (responsable del área  Administrativa y Contable). Lo que respondieron fue que no se había cobrado por los eventos cuestionados y por eso no se había realizado el depósito del dinero. El cargo es mínimo, apenas de $3.500.