Por Paola [email protected]
@paolapiquer
El viernes a la madrugada llegó a la oficina fiscal Nº1 de calle Rioja, en Ciudad, una adolescente de 13 años que sufrió una violación. Para dar cuenta de la complejidad del caso no hacen falta más datos. Sobra con enfocarse en la edad y en el delito del que fue víctima.
Entre todos los llamados que se realizan para contener la situación, en forma obligada, figura que hay que dar aviso a la OAL, Órgano Administrativo Local, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), que es el que debe actuar en situaciones de maltrato infantil, menores en riesgo o en peligro moral o material, o cuando los mismos resulten víctimas de delitos.
Así se hizo. Pero ¡oh, sorpresa! La primera respuesta que recibieron es que no había personal disponible y que en todo caso esperaran a que ingresara el resto de los empleados, en horario de oficina.
Desesperados, quienes debían dar respuesta a tan grave cuadro decidieron pedir auxilio al Programa de Asistencia a la Víctimas, de la órbita del Ministerio de Seguridad.
“No teníamos problema en ir, pero nos parecía que si nosotros mandábamos a un psicólogo para paliar la crisis de la niña, luego la menor iba a tener que volver a relatar su drama, pero al agente que corresponde, es decir, a un profesional de la OAL. Eso no es bueno, entre los expertos le llamamos revictimización, que es revivir el trauma en forma innecesaria. Entonces, se tomó otra medida”, me confió una alta fuente de la cartera que dirige Leonardo Comperatore.
¿Cuál fue esa determinación? Despertar a la directora de la DINAF, Patricia Spoliansky, quien inmediatamente comprendió la magnitud de lo que estaba pasando y ordenó levantar de la cama a uno de los suyos.
Lo que me pregunto es si semejante cadena de “te llamo, me llamás, te pido, me decís que no y entonces busco a otro” era necesaria.
No soy especialista pero creo tener sentido común. Estaba convencida que por el escándalo político y social que sobrevino tras el asesinato en el seno de su hogar de la pequeña Luciana Rodríguez, de 3 años, algo iba a cambiar de cuajo en ese organismo.
Porque recordemos que la OAL, antes de la muerte de la nena ocurrida en enero de éste año, había receptado 16 denuncias que alertaban sobre el maltrato por parte de sus padres y del peligro que corría.
Así y todo la nena falleció, y su madre y su padrastro esperan el juicio encarcelados.
Hubo renuncias, pedido de investigación, conferencias de prensa donde el único gesto era el de preocupación y la promesa de “nunca más”.
¿Y resulta que tan sólo 5 meses después ingresa una chica violada a una comisaría y se niegan a mandar a alguien de forma e inmediata porque no es un horario “conveniente”? O acaso en Mendoza los menores sólo pueden necesitar la ayuda del Estado de 8 a 13 y 16 a 20.
Es vergonzoso que si no aparece el ojo del amo –en esta oportunidad el de Spoliansky a instancias de un funcionario de otra área– no se actúe con la celeridad que la contingencia exige.
En todo caso, el que quiera comodidad que pida el traslado. Para trabajar con menores en riesgo hace falta un poco más que ganas de cobrar el sueldo a fin de mes.
