Son los mismos José Chiófalo, Carlos Rico y Otilio Romano de siempre

La detención de uno de los integrantes de Los Trovadores de Cuyo por delitos de lesa humanidad me provocó una doble sorpresa: que se trate de una figura pública que siempre estuvo a la vista de toda Mendoza y que lo compliquen datos de una investigación judicial recopilados en 1987, o sea hace 27 años.

Una tercera situación me hizo ruido interior: que esos testimonios de 1987 (con cuatro años del retorno a la democracia ya vividos) se corporizaron en expediente judicial recién en 2004, o sea 17 años después.

Por último llegué a otra conclusión inquietante: la causa de 2004 tardó 8 años en activarse, según confirmó la Fiscalía de Lesa Humanidad, hasta 2012, cuando comenzó a definirse este presente de detención no sólo de José Santos Pipo Chiófalo, uno de los emblemas de la música cuyana, sino también para una decena de integrantes de la Banda de Música de la Fuerza Aérea Argentina que estaban al mando de la batuta del trovador.

Releo las fechas y no puedo más que preguntar públicamente ¿qué demoró tanto la puesta en acción de la Justicia federal de Mendoza?

En caso de que algún factor interno o foráneo “pisara” la causa, como seguramente sucedió, ¿por qué ninguno de los testigos de 1987 exigió públicamente que se concretaran las medidas judiciales que tardaron casi 30 años en rendir frutos? Y eso que Chiófalo es una persona conocida no sólo en Mendoza sino en escenarios de todo el país.

Si estaba el músico a la mano de cualquier juez o fiscal ¿por qué se tardó tanto?

El caso Chiófalo me llamó tanto la atención como el del ex funcionario Carlos Rico, detenido por delitos de lesa humanidad tras varios meses de búsqueda.

Por su actuación durante la dictadura militar su situación procesal se complicó de un momento para otro, tras su salida del Ministerio de Seguridad en 2009 a causa del amplio repudio de los organismos de Derechos Humanos.

¿Rico? ¿Carlos Rico? ¿El mismo que fue jefe policial durante la gobernación de Arturo Lafalla y que fue despedido de la institución junto con otros colegas, en la previa de la rebelión policial de 1997? Sí, el mismo.¿El mismo Carlos Rico que después se mostraba públicamente como jefe de seguridad de una empresa privada? Sí, el mismo.

Entonces ¿por qué tardaron tanto, tantos años, digo, las instituciones todas –Justicia, Gobierno, Legislatura y derechos humanos– en reconocer a Carlos Rico por su accionar presuntamente delictivo en 1978?

A raíz del caso Chiófalo hice estas preguntas en voz alta en la redacción, a bocajarro, hasta que un experimentado colega me contestó: “Y, debe haber sido como con ése que se creía Dios y al que todos consideraban un Dios”, en clara alusión a Otilio Romano, ex hombre fuerte de la Justicia federal de Mendoza, ahora en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad, pero que pasara inadvertido para la política y la Justicia y los organismos de derechos humanos, hasta que hace algunos años el hijo de don Ángel Bustelo lo denunció en un cónclave del Consejo de la Magistratura en Mendoza.

Fue en el mismísimo lugar donde hoy Romano se sienta detrás de su abogado defensor, junto a los demás acusados, y mira de reojo al tribunal y a los querellantes y a los familiares de los desaparecidos, especialmente hacia una puerta lateral que sólo utilizan los jueces, los que toman decisiones, los que esgrimen el poder, como él lo hizo durante décadas.

Mendoza fue una de las últimas provincias en iniciar los juicios de lesa humanidad contra ex jueces, ex militares y ex policías por la desaparición, tortura y muerte desde mediados de los ’70 hasta 1982. Estuvieron demorados muchos años. Demasiados.