Paola Alé
Los senadores radicales se dispusieron a marcarle la cancha al oficialismo, y para esto le “robaron la pelota” para meter un gol: apenas comenzó el año legislativo decidieron redactar una resolución para congelarse los sueldos. Esto, en consonancia con la decisión que tomara en febrero el gobernador Francisco Pérez. Los peronistas no tuvieron tiempo de dar el golpe de efecto y seguir en la Legislatura la decisión que el primer mandatario provincial tomó para el Ejecutivo.
Así, por el proyecto del radicalismo, que fue aprobado por unanimidad, los parlamentarios ganarán todo el año el mismo salario, que ronda los $26.000, y todo parece indicar que en Diputados sucederá lo mismo.
La medida alcanza a los legisladores y a los secretarios de cámara, y no afecta a los trabajadores de menor rango, cuyo sueldos se enganchan al de ellos.
La disposición de Paco
En febrero, el gobernador tomó la determinación de que su sueldo y el de los funcionarios de alto rango y que se encuentren fuera de la escala que plantea la Ley Provincial 5.811 (estatuto del empleado público) no tuvieran ningún aumento.
La medida se extiende desde febrero hasta el 31 de diciembre de 2014. En su momento, desde el Gobierno explicaron que la medida se tomó para evitar acciones especulativas que se amparan en la coyuntura económica para incrementar los precios. Con esta determinación, lo que se busca es proteger el poder adquisitivo.
El sentido de lo presentado por los radicales es el mismo, según lo explicó el senador Sergio Moralejo (UCR).
Lo que el radical detalló es que existe una complicación técnica surgida de la decisión del gobernador de congelar su sueldo y el de los funcionarios de alto rango. El punto conflictivo es que la dieta de los legisladores se calcula a través del sueldo del gobernador, considerando que las remuneraciones de los senadores y secretarios de cámara (administrativo y legislativo) se hallan vinculadas porcentualmente a la percepción que reciben las autoridades antes mencionadas, se hace necesario redactar una norma que regularice esta situación.
En su proyecto, Moralejo manifestó que “es nuestra convicción que de aprobarse esta norma aportaríamos una cuota de responsabilidad dentro del descontrol que el Estado mantiene en sus distintos niveles remunerativos”. El senador explicó que es necesario tener una ley general de sueldos para que no existan, como en la actualidad, más de 1.000 agentes que perciben un sueldo superior al de Francisco Pérez.
Además, el senador radical agregó: “No nos parece saludable que, en el marco de una paritaria con los estatales que no está cerrada, los legisladores cobremos más de lo que cobra el gobernador”.
Acuerdo de bloques y cámaras
El senador y presidente provisional del Senado Eduardo Bauzá (PJ), aseguró que en su partido existe un acuerdo de apoyo a la determinación tomada por el gobernador y presentada en el Senado por el radicalismo.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, afirmó que “actuaremos en consonancia con lo que decidan los senadores; vamos a acompañar la decisión de congelar nuestros salarios”.
Acerca de la conveniencia de la norma, el justicialista Fernando Simón afirmó: “Estamos de acuerdo con la resolución, pero no nos parece que fuera necesaria hacerla, creíamos que ya era un hecho que no íbamos a recibir aumentos”.
Un antecedente que fijó sueldos en el Ejecutivo de Tierra del Fuego
Ya en noviembre del 2013, la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, dispuso que ni ella ni su vicegobernador, ni tampoco sus ministros y secretarios, cobraran los aumentos que por aquella época se habían dispuesto en los municipios de Ushuaia y Río Grande. La medida alcanzó indirectamente a la dieta de legisladores e integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia más austral del país.
Mediante el decreto 2.645, dictado el pasado 22 de noviembre y publicado el viernes 30 de ese mes, el incremento salarial del 13% dispuesto en agosto para la comuna de Río Grande y del 10% en octubre en el de Ushuaia no repercutió en funcionarios del Ejecutivo.
Suba polémica
Título y antigüedad. A fines del 2012, el proyecto de Presupuesto 2013 llegó a la Legislatura con una noticia: Francisco Pérez había decidido que los funcionarios cobraran título y antigüedad. El oficialismo defendió esto diciendo que por error no se había pagado por más de 20 años.
Efecto cascada. Así, los funcionarios recibieron aumentos de entre el 50% y el 65%. En esa ocasión, los gremios ATE y AMPROS, en salud, solicitaron incrementos del 50%, guiándose por lo recibido por legisladores.
En busca del control de los precios
En el decreto 220/14 el gobernador Francisco Pérez no sólo decidió congelarse el sueldo y el de los funcionarios de mayor rango, sino que además suspendió, por el plazo de 3 meses, la restricción del gasto en todos los organismos del Estado que estén afectados al control e inspección de precios y condiciones para la venta de bienes y servicios.
Puntualmente, de la Dirección de Defensa del Consumidor y la Dirección de Fiscalización y Control y de la Agencia Tributaria Mendoza (ATM). Esto, para sumar instancias de control sobre los precios y evitar especulaciones.
Al momento de tomar esta decisión, el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, aseveró que, de detectarse irregularidades en el proceso de formación de precios, el Gobierno caería con todo el peso de la ley sobre los empresarios especuladores.