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Organismos públicos de control local, como el Tribunal de Cuentas, y organizaciones ciudadanas, como FAVIM, admitieron que nuevamente será “muy difícil” auscultar el gasto de quienes compitieron el pasado 28 de marzo. A pesar de ello, estimaron que la UCR

Según datos extraoficiales, gastaron $4 millones en campaña política por Capital

Según datos extraoficiales, gastaron $4 millones en campaña política por Capital

A pesar de las leyes que existen tanto a nivel provincial como nacional que apuntan a latransparencia, los partidos políticos se las arreglan para seguir manteniendo al financiamiento de

las campañas electorales en una zona oscura. Las últimas elecciones en Capital volvieron ademostrarlo.
Organismos públicos de control local, como el Tribunal de Cuentas, y organizacionesciudadanas, como FAVIM, admitieron que nuevamente será "muy difícil" auscultar el gasto de quienescompitieron el pasado 28 de marzo en la Ciudad de Mendoza y que, según estimaciones extraoficiales,pudieron haber llegado a los $4 millones en conjunto. En ese sentido, tanto la UCR como el PRO, que llevaban a Rodolfo Suárez y a Orlando OrlyTerranova respectivamente como cabezas de lista, habrían sido los partidos con mayor gastoelectoral con una inversión superior al millón de pesos. Una cifra similar habría sido la gastadapor el justicialismo. Guillermo Mosso, por su parte, llegó a los $180.000, según datos que el mismo aportó parallegar al Concejo Deliberante con el Partido Demócrata. Alberto Montbrun, por el PartidoSocialista, fue la sorpresa de la elección al obtener una banca. El ex radical blanqueó un gasto de$45.000. La estimación del gasto del oficialismo está muy lejos de lo que el jefe de campaña delcandidato Suárez asegura haber tenido. "En total habremos tenido un gasto de $160.000 más o menos",aseguró Raúl Levrino. Uno de los puntos que diluye la posibilidad de establecer fielmente cuánto se destinó acostear la última campaña reside en que, a pesar de que se trató de una elección comunal, larendición de cuentas la deben hacer ante la Cámara Electoral Nacional y en Córdoba. El otro aspecto que ayuda a esconder los mecanismos de financiamiento de la política tieneque ver con el cansancio moral de quienes durante años quisieron transparentarlo y fracasaron en elintento. Eliana Luna, titular de Familiares Víctimas Indefensas de Mendoza (FAVIM), reconoció conresignación que en la organización: "Hace por lo menos dos elecciones que abandonamos la idea decontrolar los gastos de la campaña. Ya casi no tenía sentido, porque jamás obtuvimos respuestas delos partidos". Enrique Sánchez, director general del Tribunal de Cuentas, fue en el mismo sentido que Luna yreveló una de las principales trampas de los partidos a la hora de hacer la rendición, que serealiza a través de un formulario. "Nosotros controlamos algunos aspectos de la ley vigente, pero no podemos controlar los gastos. A decir verdad, los partidos nunca ponen con nombre propio quiénes son los aportantes y unode los recursos más utilizados, es decir que la plata se consiguió a través de bonos decontribución", aseguró. El titular del PRO, Daniel Gaído, explicó que "los fondos de campaña se establecieron através de un mix entre Buenos Aires y Mendoza, por lo que es muy difícil establecer un número". Alejandra Maradona, senadora provincial y jefa de campaña del PJ en Capital, se excusó con unargumento similar. "Yo tengo una listita que la estoy armando para hacer la rendición, pero es muycasera", dijo ante la consulta de Diario UNO. Los papeles van a Córdoba En caso de una elección local, la legislación para la rendición de cuentas de las campañaselectorales está regulada por la ley de Regulamiento de Financiamiento de Campañas Electorales(N°7.005). Esa norma, sancionada en 2002 para ponerle oído al "que se vayan todos", estableció ensu artículo 7 que sólo se puede gastar $0,20 por empadronado para promoción. Desde el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de controlar el cumplimiento de estanormativa, reclaman la modificación de esta ley. Sánchez relató cómo se terminó haciendo una consulta a la Justicia Nacional Electoral paraque determinara si la del 28 de marzo, cuando se eligieron concejales, se trataba de una elecciónprovincial o una nacional. La respuesta fue que se trataba de comicios nacionales, por tratarse enrealidad de un desprendimiento de los del 28 de junio de 2009. De esta manera, sin controles locales, los partidos quedaron bajo el amparo de la leynacional de Financiamiento de los Partidos Políticos (N°25.600), por lo que, según establece lareglamentación, la rendición, según el Tribunal de Cuentas, se debe hacer ante el distrito Córdobade la Cámara Nacional Electoral. Para cumplir con esta obligación, los partidos tienen 90 días, a partir del día de laelección para presentar un simple formulario. "A nosotros nos cuesta mucho controlar y la verdad es que se debería impulsar una modificación de la ley N°7.005. De otra manera, a pesar de que hemos aplicado sanciones, se hacemuy difícil nuestra tarea", se quejó el director del Tribunal de Cuentas.

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