Quiénes son y qué hacen los ediles que llegan a cobrar hasta $33.800

Entre fines de 2001 y principios de 2002, intendentes y concejales de todas las comunas de la provincia fueron obligados a bajarse los sueldos y a ajustar los presupuestos departamentales. No se vieron conminados por una ley o un decreto, sino que enojados manifestantes en las puertas de sus municipalidades lo exigieron a gritos y forcejeos. La palabra que se impuso para denominar aquellas revueltas fue “escrache”.

Eran tiempos de convulsión social, económica y política. Días antes, quien fuera presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, había abandonado su puesto subiéndose a un helicóptero, dejando al país sumido en una crisis terminal. “Que se vayan todos”, era el lema universal de las marchas de la época. “Pero si no se van, que sean austeros”, primó, cacerolazo mediante.

Por lo bajo, los caciques comunales y los miembros de los honorables concejos deliberantes denunciaban infiltrados y motivaciones sesgadas. Pero a ninguno se le ocurrió oponerse a la presión popular para achicar el gasto político. Con matices, se avinieron a emprolijar sus bonos y su plantilla de personal.

El cuento no tuvo final feliz. La clase política nunca cumplió con la promesa que vociferaban los intendentes durante los tensos cara a cara con los vecinos: elaborar, estudiar y luego aprobar una ley de sueldos, para regular los ingresos, arrancando con el gobernador y de ahí para abajo.

Doce años después, cuando no se da un escenario ni remotamente parecido a la etapa del “corralito” o de los petrom y los lecop, caemos en la cuenta de que Mendoza sigue sin esa ley salarial marco. La periodista Rosana Villegas publicó el domingo en Diario UNO una investigación que detectó, entre otras ingratas sorpresas, que hay concejales que ganan más que Francisco Pérez, ungido desde el 2011 para ocupar el sillón de San Martín.

Treinta y tres mil ochocientos pesos percibieron al menos 5 ediles de Godoy Cruz en concepto de su primera dieta. Cinco mil pesos más que Paco. En otras comunas perciben veintipico mil pesos, como los legisladores, dependiendo de los descuentos partidarios y del Impuesto a las Ganancias.

Llegados a este punto, lo que ganan los concejales es sólo una arista del debate que se abre. La otra es lo que producen y la responsabilidad con la ejercen el cargo, que serían motivo de otra pesquisa que –lo admito–pocas veces encaramos los periodistas. ¿Qué hacen los ediles? ¿Cuánto le aportan al ciudadano que los vota? ¿Qué proyectos presentan, cuáles prosperan o se aplican, qué tan bien controlan al Ejecutivo de su departamento? ¿Con qué frecuencia sesionan y a qué resultados arriban? ¿Cuántos empleados o asesores tienen? ¿Quiénes son?

Si el oficialismo y la oposición tuvieran claridad y decisión, podrían discutir un proyecto de ley salarial que fue presentado recientemente por el senador radical Sergio Moralejo. El objetivo de la norma es poner fin a la coexistencia de los, al menos 5, regímenes que conviven en el Estado. El mismo legislador admite que la mayor dificultad para avanzar es el amplio plantel de empleados, que asciende a 125 mil.

Complicado, pero no imposible. Se trata de gestionar en momentos de claridad para no dar manotazos de ahogado cuando ajusta el cinturón. Prever antes que contener. Cumplir. Hace más de una década que lo pregonan, pero no lo hacen.