La ley que universaliza para los presos la realización de un trabajo mientras cumplen la condena pasaría sin contratiempos por el Senado de para su aprobación.
Luego de la exposición durante tres horas del ministro de Seguridad Gianni Venier junto con el equipo que preside el Sistema Penitenciario de Mendoza, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en plenario con la Bicameral de Seguridad de ambas Cámaras, el Frente para la Victoria se comprometió a dar quórum para permitir el tratamiento durante la sesión de este martes. No así del voto positivo para que la norma enviada por el Ejecutivo se convierta en ley, pero asumiendo por anticipado que más allá de poder hacer objeciones a algunos artículos, el oficialismo tiene los votos necesarios para sacarla y enviarla a Diputados esta misma semana.
De todos modos, el presidente de la Comisión LAC, Marcelo Rubio expresó que la voluntad es obtener un despacho consensuado con la oposición y llevar así el proyecto al recinto donde será solicitado su tratamiento sobre tablas. Si esto no sucediera finalmente, el radicalismo tiene mayoría en esta comisión y puede firmarlo, debatirlo y votarlo hoy mismo.
Las dudas de los legisladores peronistas pasaron por conocer cuál será el ingreso que recibirán los presos al hacer este tipo de tareas, ya que según la Ley Nacional 24.660 debe pagarse un tercio de un salario mínimo vital y móvil, pero en realidad se paga a destajo ya que el preso recibe el producto de lo que vende. Por este motivo, la ley que intenta imponer el Gobierno no habla ya de remuneración sino de ingreso pecuniario, es decir, que será recibido porque debe reparar el daño cometido, el preso convirtió en victima a una persona que no pidió serlo, y además, debe pagar algo de su estadía en la cárcel.
Otra cuestión no menor es la cantidad de presos que efectivamente realizan labores en los talleres productivos, es decir, de las cosas que se comercializan. En este caso, se trata de 560 internos, de los 2.500 condenados que tiene actualmente el sistema penitenciario de Mendoza. El resto, solo hace tareas de limpieza o mantenimiento propio de la vida cotidiana dentro de un penal por lo que no reciben ninguna retribución monetaria. A su vez, otros 1.800 estudian y sólo 300 hacen ambas cosas.
Fuera de toda actividad están los que todavía no tienen sentencia firme y, por supuesto, aquellos cuyas penas de cadena perpetua son de cumplimiento efectivo y no accederán a regímenes de libertad condicional o salidas transitorias, como desear trabajar para ganarse el buen concepto del juez de ejecución penal que decide sobre dichos beneficios. De todos modos, si trabajan o estudian, pueden obtener mejores condiciones de encierro dentro de la cárcel. Un problema adicional, es que los presos conflictivos son los que en general están ociosos y generan disputas, o intentan seguir delinquiendo dentro del mismo penal. El Gobierno está convencido que al estar más tiempo ocupados, no tendrán tiempo de buscar pleitos y "estarán más cansados".
El otro aspecto del trabajo de los internos es su inestabilidad, ya que como hasta ahora es un derecho, a veces el interno puede trabajar un mes en un taller y al siguiente no lo hace porque no quiere. Esto provoca que la producción de los talleres no sea competitiva como para conquistar un nicho de la demanda.
Por esto también quedó claro durante la exposición que definitivamente no todos los presos trabajarán, y por otra parte que tampoco será inmediato ya que llevará un tiempo capacitar a los internos en este esquema, además de acondicionar los talleres actuales y crear las condiciones materiales para nuevas tareas dentro de las unidades penales, con lo cual es esperable que una vez aprobada la ley, el proceso le lleve toda la gestión de Cornejo ponerlo a pleno.
De todos modos, el propio ministro Venier aprovechó para reivindicar el paso de la Penitenciaria a la órbita de Seguridad porque en "definitiva el cometido del servicio penitenciario debe brindar seguridad inmediata que es la seguridad dentro de los penales, y una seguridad posterior que deriva de lo que se haga en los penales, o dicho de otro modo, para que las cárceles no sean escuelas de delincuentes".
Otras objeciones fueron recalcadas sobre la limitación del trabajo del juez de ejecución penal respecto de las decisiones internas de los directivos de los penales, por ejemplo, un preso solicita atención médica y se le consigue un turno a 5 días, pero el juez indica a que sea tratado en 48 horas, lo que implica buscar un efector privado para resolver la orden.
Actualmente. 560 internos, de los 2.500 condenados que tiene actualmente el Sistema Penitenciario de la Provincia trabajan en talleres productivos.
Con los libros también. Según las estadísticas que ofreció el Ejecutivo, son 1.800 los presos que estudian y de esos 300 también trabajan.