Por Ignacio Zabala [email protected]
La jueza federal Olga Pura Arrabal hizo lugar a una medida cautelar presentada por tres afiliados de Pami para que la atención de cirugía cardiovascular volviera al Hospital Italiano, comandada por el doctor Claudio Burgos, y deje de prestarse en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, al entender que la primera institución es la que posee mejores instalaciones y servicios para este tipo de patología.
Los jubilados demandantes están representados por la asociación civil Protectora. Fueron ellos los que solicitaron ser restituidos al sistema capitado del área de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano. Según detalla la medida de la magistrada, subrogando el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, y que confirmó el propio Burgos a Diario UNO, el problema se inició el 31 de agosto del año pasado luego de que la obra social de los jubilados resolviera hacer cambios en el método de facturación.
De acuerdo al testimonio de Burgos, la decisión de retirarle los afiliados al Hospital Italiano sobrevino al enojo de las autoridades del Pami ante los reiterados reclamos que efectuaron durante 3 meses por la falta de pago de los materiales descartables, que no estaban incluidos en la nueva modalidad de facturación. “El valor de la cirugía se veía reducido casi al 50%. Bancamos los materiales durante tres meses por casi un millón de pesos pero llegó un momento en que era inviable seguir y ellos nunca dieron una respuesta. Se les informó que había un error en el sistema y la respuesta a esa insistencia fue retirarnos las capitas”, detalló el reconocido neurocirujano.
Y añadió: “Entonces el 2 de diciembre pasado a los 105.000 afiliados que teníamos desde hace 27 años, sin haber dado ningún motivo médico, los mandaron a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que tiene media institución clausurada por razones edilicias. Así vuelven a incurrir en monopolizar un intermediario de salud”.
La medida del Pami afectó a los miles de afiliados, entre los que se encuentran pacientes que requieren cirugías cardiovasculares, quienes están en lista de espera del Incucai para ser transplantados y a los que reciben tratamiento permanente por haber sido intervenidos.
“Hicimos un amparo para que se los mantuviera en el tratamiento que venían cursando hasta que existiera un lugar con las mismas características e incluyera la aceptación del paciente. En su mayoría se trata de gente desesperada, casi en peligro de muerte. El fallo implica que a estos afiliados se lo tiene que seguir tratando como venían haciendo”, concluyó satisfecho el presidente de la ONG Protectora, Mario Vadillo.
