Por Por Alejandro [email protected]
Mientras se espera que durante el fin de semana haya novedades en el Gobierno sobre la suerte que puedan correr los funcionarios más comprometidos con el desastroso final del caso de Luciana Rodríguez, en la Fiscalía Especial de Delitos Complejos siguen acumulando testimonios, documentos y material periodístico para la causa penal contra ellos.
Por lo pronto, en el Ministerio de Desarrollo Social ya se abrió el sumario administrativo que determinará si hubo responsabilidades que ameriten sanciones y para quiénes.
Pero se rumoreaba ayer que fuera de esto podría haber decisiones políticas que forzaran alguna renuncia.
El otro frente de los funcionarios cuestionados está en la oficina de la fiscal Claudia Rios, quien les tomó declaración a Claudia Rivas y Romina Sánchez –abuela y tía de Luciana respectivamente– por las denuncias públicas que hicieron contra el Órgano Administrativo Local (OAL), repartición que tenía la tarea de velar por la niña y reducir al máximo posible el riesgo social al que ella estaba expuesta.
La abuela y la tía de Luciana tuvieron a ésta bajo su tutela por varios meses en el 2013, cuando el OAL decidió quitarle la guarda a la madre de la menor porque vivía en condiciones de calle.
Pero, en julio del año pasado, cuando la abuela y la tía, cuyo pasar económico es humilde y precario, le reclamaron al OAL –según su propia versión– un colchón para la menor porque no podían costearlo, el organismo oficial les quitó a la niña y le repuso la tenencia a su mamá, Evelyn Rodríguez.
Fernando Herrera, coordinador del OAL Zona Norte, que tenía a cargo el destino de la menor, argumentó –por el contrario– que “la tía no quiso tenerla más”.
La denuncia de las mujeres, un informe de la Municipalidad de Capital de agosto del año pasado rechazando la decisión del OAL de devolver a Luciana a vivir con su madre y advirtiendo los riesgos de esta nueva medida, y el expediente de la niña que llevaba la repartición son los principales elementos con los que cuenta la fiscalía para resolver qué hacer con los funcionarios.
La fiscal Ríos debe concluir si los miembros del OAL y la Dirección de Niñez, Ancianidad y Familia (DINAF) incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en ese caso, imputarlos.
►27 mil casos abarca la cantidad de menores en conflicto o riesgo que recibió y en donde debió intervenir el OAL el año pasado.
