Al menos 1.200 trabajadores estatales mendocinos están en condiciones de jubilarse durante este año, según los datos que maneja hasta ahora el Ministerio de Gobierno de Mendoza.
Si se concreta, la gestión de Cornejo habrá dado de baja 4.428 trabajadores públicos desde que empezó la gestión, ya que en 2016 jubiló por el trámite normal a 1.728 agentes, 761 empleados más se fueron por razones generales, es decir, o por fallecimiento, finalización de contrato o renuncia, y otras 739 jubilaciones están en trámite por moratoria y que corresponden a aquellos empleados que ya tienen la edad para dejar de ser un trabajador activo pero les faltaban años de aportes.
En este último caso, el Gobierno subsidia el retiro, abonando entre $10.000 y $15.000 por trabajador, para completar dichos aportes y así poder cerrar el ciclo laboral de este grupo de personas.
Con esta reducción de la planta de personal estatal, calculada en el 3% por el Ministerio de Trabajo de la Nación, Mendoza ha dejado de pagar en concepto de salarios $526 millones, comparando las partidas presupuestarias 2015 con las de 2016.
Con estos resultados, el Gobierno está buscando subir este número proyectado de retiros, insistiendo con el programa de moratoria, el que fue extendido hasta el 31 de marzo. Uno de los argumentos que ofrece para esto es el hecho de que los haberes jubilatorios serán recibidos completos, mientras que cuando las jubilaciones llegan por edad avanzada -a los 70 años- el sueldo es menor a la jubilación ordinaria.
Analizado el grupo de retirados según las tareas que desempeñaban, el grueso pertenecían a la Dirección General de Escuelas, pues se trata de docentes, celadores y empleados administrativos, porque son el grueso de los empleados estatales; seguidos del personal del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
Ulpiano Suárez, subsecretario de Modernización del Estado, explicó: "Toda la reingeniería de los recursos humanos se inició con una revisión de la planta de personal que dejó el gobierno de Francisco Pérez. De este proceso surgió que había esta cantidad de personal en condiciones de jubilarse, pero no habían sido intimadas a hacerlo aun teniendo la edad y los años de aportes, otras no podían jubilarse porque le faltaban años de aportes para empezar el trámite y en otros casos, había personal que estaba jubilado y seguía trabajando, recibiendo ambos ingresos".
Se trata de 45 personas cuya situación ha sido elevada a la Fiscalía de Estado para que verifique por qué ha sucedido esto, ya que debió existir un cruce de datos entre la ANSES y el propio Gobierno.
El funcionario consideró también el ingreso a la planta permanente del Estado el año pasado, de 1853 contratados como producto de las paritarias firmadas en la gestión anterior, de acuerdo a un cronograma previsto que no siempre ese cumplió en los tiempos prometidos.
"Si estos ingresos no hubieran sido pactados en paritarias, sino por concurso, el resultado en cuanto a la disminución de la planta de personal, sería mejor todavía", reflexionó y adelantó qué pasará con los llamados a concurso este año.
De todos modos, el Gobierno puede mostrar cómo está llegando a la meta planteada de reducir la planta a unos 10.000 empleados menos al terminar su gestión, de un total de 99.118 agentes estatales.
Es que si son comparados otros ejercicios, por ejemplo, entre 2012 y 2013, la planta creció en 6.735 personas; entre 2013 y 2014, fueron incorporados otros 1.889 trabajadores, y en el último año de gestión de Pérez, alrededor de 3.700, según datos oficiales de Recursos Humanos de Mendoza.
Por esto, Suárez explica que 2016 fue el "primer año en mucho tiempo que la planta de personal bajó, ya que hay 2.489 empleados menos, sin contar, las 739 jubilaciones por moratoria que ya están en trámite y los 1.200 jubilaciones por trámite normal que tendrán impacto en el ejercicio 2017".
Se vienen cambios para los concursos
El Gobierno está trabajando junto con los gremios que nuclean a los empleados de la Administración Central en un nuevo régimen de concursos, luego de haber puesto a prueba el que está vigente hasta el momento. En ese proceso, han coincidido en la necesidad de cambiar alrededor de 25 puntos, para lo cual hace falta hacer modificaciones en leyes, resoluciones o decretos, según corresponda, que establecen pautas para los llamados.
La idea es llegar a tener un sistema más ágil, simple; pero que garantice la transparencia en cuanto a los exámenes que se le toman a los candidatos.
En este sentido, la intención es convocar a una subcomisión en el ámbito paritario para firmar un acuerdo con un nuevo esquema, que luego será ratificado por la Legislatura y por un decreto del gobernador Alfredo Cornejo, dándole así fuerza de ley.
A la par, desde el Ministerio de Gobierno están pidiendo datos al resto de las áreas sobre la necesidad de cubrir puestos, a través del personal que ya tienen o si será necesario hacer concursos abiertos.
Esto último es lo más probable, por lo que se calcula que podrían llegar a concursarse el ingreso para 150 cargos durante este año, a parte de los concursos de ascenso que ya están en marcha; mientras que en marzo tomarán sus puestos los que rindieron el año pasado.
