Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar
Es parte de un trabajo que realizan legisladoras provinciales para actualizar la ley provincial que protege la niñez y adaptarla a lo que marca la normativa nacional.
Piden crear las figuras del defensor del niño y del abogado del niño
Un grupo de legisladoras, con la justicialista Sonia Carmona a la cabeza, van a encarar la revisión de la Ley Provincial 6.354, que protege los derechos de niños y niñas, para adaptarla a las medidas nacionales pero, por sobre todo, para que queden delimitadas las responsabilidades de cada área que debe intervenir cuando se vulneran los derechos de un niño o niña.Las contradicciones que existen en Mendoza entre la legislación provincial, ya desactualizada, y la nacional, que no termina de cumplirse, genera entonces intersticios en los que se desdibujan las responsabilidades de los organismos intervinientes.
Qué se modificaráLa actual ley provincial es “vieja”. Data de 1995 y ya no sirve para responder a nuevas situaciones y problemáticas de la infancia. Además, desde que en el 2008 se adhirió a la Ley Nacional de Protección de Derechos, existe un compromiso de adecuación de las normas provinciales a las nacionales, para que no se generen contradicciones que luego terminen en desidia. Hay que recordar, por ejemplo, el caso Luciana o el de Julito (ver aparte)
El objetivo es fijar responsabilidades puntuales de jerarquías, para que nadie pueda decir que no le correspondía tomar tal o cual medida.La idea es elaborar un sistema integrado provincial para abordar derechos de niñez y adolescencia. Además, se incorporarán dos figuras que actualmente no existen en la legislación: el abogado del niño y el defensor del niño, respectivamente.Por un lado, el abogado patrocinante que defienda el interés individual del chico, concebido como un sujeto de derecho. Por otra parte, el defensor del niño, que se ocupará de garantizar los derechos generales de la niñez, que son de interés público.El legajo único del niñoEntre los cambios que se impulsan, la legisladora puso énfasis en la creación de un legajo único del niño, niña y adolescente.
Este se creará para monitorear posibles amenazas y vulneración de derechos, promover la articulación entre ministerios que permita integrar las bases de datos con las que ya cuenta el Ministerio de Desarrollo con los nuevos que se obtengan, y para brindar informes que permitan evaluar el éxito o el fracaso de las políticas de niñez del Estado.El legajo estará conformado por una ficha diagnóstica y documentación que acredite la identidad del niño. También se incorporará toda la información que se considere necesaria, como el rendimiento escolar.Al ser interministerial, el legajo único existe para que el chico no sea revictimizado, es decir, para que no se repitan ni superpongan las medidas que toma el Estado para mejorar la situación y para restituir los derechos a los menores.La carga de datos en este sistema por parte de las áreas involucradas será obligatoria. El organismo administrador del sistema será el ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, bajo el cual se crea la Dirección de Sistemas de Información, Monitoreo y Evaluación. Pero participarán en él los demás ministerios, la DGE, el Poder Judicial y las organizaciones sociales.Luciana, y Julito, dos muertes que no se evitaronEl 7 de enero de 2014, en la clínica Santa María de la ciudad de Mendoza, se constataba la muerte de Luciana Milagros Rodríguez (3). La causa del deceso fueron dos fuertes golpes en su cabeza. Sin embargo, el dolor y el maltrato no se llevaron la vida de la niña con dos golpes. El hacinamiento de la familia, el descuido, la pobreza, se la fueron llevando de a poco. El final anticipado de Luciana delata la desidia estatal más extrema: 16 denuncias por diferentes derechos vulnerados pesaban sobre la familia de la niña. Maltrato, abandono, mendicidad, violencia familiar... Los últimos dos avisos fueron horas antes de la desaparición física de Luciana. Fueron las advertencias de un limpiavidrios que vio como el padre la golpeaba y la empujaba. Luego, la niña dejó de existir. Pero lo que no dejará nunca de pesar sobre el Estado será la certeza de que Luciana podría estar viva si se hubiera actuado a tiempo.
Julio Benjamín Jotallán Heredia fue otra víctima del Estado ausente. El pequeño Julito, de 4 años, murió la noche del 2 de agosto pasado. El niño se soltó de la mano de su hermana mayor cuando ambos cruzaban el Corredor del Oeste. Los niños, que residían en el barrio Campo Papa pedían limosna y el Estado también estaba al tanto de su historial de derechos vulnerados. La de Julito también se consideró como una muerte evitable.