Por Paola [email protected]
El anuncio lo hizo el Gobierno como consecuencia del fallo de la Corte contra el endeudamiento. Se trata de trabajos de Irrigación y Ambiente. Según el radicalismo, el Ejecutivo lo hace para victimizarse.
Oficialismo y oposición luchan en una guerra de la que se tendrán que hacer cargo los ciudadanos afectados
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que frenó al Gobierno de Mendoza la posibilidad de endeudarse por pedido del radicalismo es como las piedras que se lanzan al río: ha generado una onda expansiva que aún no se detiene. Oficialismo y oposición se han convertido en contrincantes de una guerra de la que se tendrán que hacer cargo los ciudadanos afectados. Ahora, mientras el Ejecutivo enumera la obra pública que al parecer queda paralizada por esta decisión judicial pedida por la UCR, estos explican que el PJ hace interpretaciones erróneas del fallo para culparlos a ellos por todos los males provinciales. Sin embargo, dejan abierto un canal de diálogo y aseguran que si la Provincia quiere una pauta presupuestaria, la tiene en cuestión de horas: los senadores convocan a una sesión especial y la votan por unanimidad. Eso sí, con endeudamiento cero. Para el radicalismo, el Gobierno se victimiza.
Al mismo tiempo, en el Ejecutivo las amenazas son una realidad: en lugar de cortar cintas, anuncian suspensiones de obras. Así sucedió el miércoles, cuando se les avisó a los mendocinos que se paralizaría una obra de Irrigación indispensable para los regantes de Lavalle y la construcción de una planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos, que beneficiaría a los cinco departamentos del Este. El costo total de ambos trabajos públicos es de casi 400 millones de pesos.
Sin agua y con basuraLa mañana de ayer podría ser considerada como la de “los no anuncios” oficiales. Temprano, del Departamento General de Irrigación enviaron un comunicado oficializando que, por el fallo de la Suprema Corte, se paralizaría una obra que buscaba beneficiar a 1.500 obreros rurales, 1.000 productores y 500 contratistas de viñas. Se trata de la modernización de la red terciaria del tramo inferior del río Mendoza, en la quinta zona de riego.
En esta obra iban a invertirse 321 millones de pesos, financiados 70% por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), y 30% por fondos provinciales. Hasta el momento, se ha construido el 20% de la obra y se ha aprovechado el tiempo de la corta de agua. Por este motivo, era importante cumplir con los plazos de ejecución, para proveer de agua a los productores una vez restablecido el servicio. Esto es lo que hoy por hoy, según el Gobierno, no se puede garantizar.
Como la obra ya comenzó a realizarse y deberá suspenderse, el Irrigación se deberá hacer cargo de los costos improductivos, es decir, de los gastos en los que incurrieron las empresas contratistas. Además, con las demoras, subirán los costos presupuestados, debido a la inflación.
Mendoza podría también tener que enfrentar juicios por los compromisos asumidos que no se cumplirán.
Por otra parte, el ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, anunció que no se ejecutará la construcción de una planta de residuos sólidos urbanos, que beneficiaría a los cinco departamentos del este: Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. El que puso sobreaviso acerca de la suspensión fue el intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, el martes por la mañana. Sin embargo, Elizalde lo oficializó ayer.
El monto total de la obra es de 50 millones de pesos, que se financiarían 71% con un crédito del Banco Mundial y 29% con dinero de Mendoza.
La planta estaría ubicada en Rivadavia, mientras que en San Martín se ubicaría una estación de transferencia.
No sólo sería una forma de sacar a 150 familias de la situación de precariedad laboral en la que viven, sino que, además, sería una apuesta por el saneamiento ambiental, terminando con un basural a cielo abierto.
Además, en lo político la paralización de esta obra es grave porque hoy vendría el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, a inaugurarla.
En resumen: el Gobierno anunció el congelamiento de obras por casi 400 millones de pesos. Los radicales, por su parte, no se quieren hacer cargo.
Qué dicen los radicalesConsultado acerca de lo que está ocurriendo en el Ejecutivo desde que la Suprema Corte le ordenó no aplicar la ley 8.667 de Reconducción Presupuestaria, el presidente del partido radical, Sergio Pinto, dijo que el gobierno de Francisco Pérez está haciendo una sobreinterpretación del fallo, para victimizarse y culpar al radicalismo de la parálisis de la obra pública provincial. Explicó que decir que la Provincia no puede hacer uso del crédito tomado con el Presupuesto 2013, que sí logró la autorización de la Legislatura, es falso y que lo hacen para que los radicales queden como los responsables de todos los males de Mendoza.
También aseguró que es intención del radicalismo dejar abierto un canal de diálogo con el Gobierno y que si el gobernador así lo dispone, el Senado vota el Presupuesto en tiempo récord: eso sí, sin endeudamiento.
Sin embargo, en el PJ no parece haber ninguna intención de diálogo, al menos no mientras sean los radicales los que pongan las condiciones.
