Hasta ayer eran 54 las empresas proveedoras del Estado provincial que aceptaron los bonos emitidos por el gobierno de Alfredo Cornejo para cancelar estas obligaciones, según lo autorizado por la Ley de Endeudamiento debatida entre la gestión actual y la anterior durante los meses de transición.
En total, estas empresas representan $523 millones de los $1.000 millones adeudados que la norma autorizó a cancelar de este modo, especificando que dichos bonos estaban destinados a saldar facturas superiores al $1 millón, una vez que pasaran obligadamente por el proceso de consolidación de las mismas. Es decir, el gobierno de Cornejo revisó si efectivamente fueron prestados dichos servicios tras una auditoría hecha desde el Ministerio de Hacienda. Parte de estos proveedores constituyen la polémica deuda sin registrar o "pinche" que dejó la administración del ex gobernador Francisco Pérez y que aún está generando problemas de convivencia política entre peronistas y radicales.
El Gobierno espera que estas primeras empresas les den paso al resto de los casi 350 proveedores que todavía no entran en la renegociación, pero son optimistas porque los bonos pueden ser utilizados para cancelar obligaciones impositivas con el mismo Estado provincial o ser negociadas en el Mercado Argentino de Valores o en los bancos.
Este grupo de empresas responde a proveedores de obra pública, insumos médicos y laboratorios. O dicho de otro modo, construcción de casas y normalización de servicios hospitalarios.
El decreto 127/16 oficializó la emisión del bono, que en la práctica no es un papel sino la acreditación en una cuenta en caja de valores por el monto correspondiente.
Martín Kerchner, ministro de Hacienda, detalló que "este bono es el primero en ser emitido dentro del país, porque hemos salido antes que Buenos Aires y Córdoba, con lo que le da muchas posibilidades de liquidarlo en el Mercado Argentino de Valores. O ser utilizado para el pago del impuestos provinciales o renegociarlo en la Bolsa de Comercio de Mendoza".
Las condiciones
Aunque la toma es voluntaria, desde el Gobierno entienden que el bono será rápidamente aceptado, aún cuando algunos proveedores han planteado la posibilidad de recibir parte de la cancelación en efectivo y otra con bonos. Para la cartera de Hacienda es imposible acceder a esta alternativa. Y defienden que se trata de un buen negocio, ya que estos bonos están exentos de impuestos provinciales o podrán utilizarse para pagar cargas impositivas vencidas. Si se utilizaran para este último caso, el decreto indica, que serán tomados "hasta el 100% de las obligaciones fiscales adeudadas al Gobierno", pero sólo en los casos "cuyo vencimiento haya operado con anterioridad al 31 de diciembre de 2014". Para las deudas posteriores se acepta sólo el 5%.
De este modo, el Gobierno alarga los plazos para cubrir la deuda y salir poco a poco del ahogo financiero en el que se encuentra.
El pago concreto de los bonos a sus tenedores será en 2017, ya que tienen un plazo de devolución de 30 meses, y un año de gracia. Es que la devolución de capital se hará en cuatro cuotas semestrales al año de la emisión del bono y además habrá una ganancia equivalente a la tasa Badlar, que ayer cotizaba levemente por encima del 26%.
