Por Paola [email protected]
@paolapiquer
Resulta que ahora se dan cuenta de que falta coordinación. Veinticuatro horas después de que Diario UNO volviera a pegar un cachetazo en la cara de los funcionarios responsables de las áreas de minoridad de la provincia al informar que Julio Benjamín Jotallán Heredia, un niño de 4 años, murió arrollado el sábado en la noche en el Corredor del Oeste mientras mendigaba junto con una hermana de 10, que lo sujetaba de la mano hasta que el pequeño se soltó.
Cuando la tapa del diario les duele, y se multiplican los llamados de oyentes en las radios exigiendo respuestas, se les ocurre admitir que no tienen buena comunicación con el 911. Ese es el número al que cualquier mendocino acude cuando está en presencia de una situación irregular, como es ver a un menor pidiendo dinero en una de las avenidas más transitadas de la provincia.
Eso pasó el sábado, a las 21.28, cuando una persona alertó a la central policial, preocupada por la peligrosidad de la conducta de al menos 2 niños que pululaban en la esquina de Paraná y el Corredor, pidiendo dinero a los automovilistas a los que les daba el semáforo en rojo. No hubo tiempo para torcer la historia. A las 21.32 un Ford Falcon conducido por un policía no logró esquivar al más chiquito.
Si el destino hubiera sido más benévolo, tampoco tenemos la certeza de que se hubieran activado los mecanismos para salvar a Julio.
María de los Ángeles Díaz (o “Mary López” como la conocen todos), directora de protección de derechos del OAL (Órgano Administrativo Local) sugirió que en vez de llamar al número de emergencias de la policía mejor es hacerlo al 4201074, una combinación difícil de memorizar, poco práctica y que, además, funciona 19 horas al día: de 8 a 3 de la madrugada. ¿Y las otras 5 horas? “También está el 102”, responde Díaz. A esta altura, en serio, marean.
Hace pocas semanas conté en esta misma columna que el viernes 27 de junio, de madrugada, llegó a la Oficina Fiscal Nº1 de calle Rioja, en Ciudad, una adolescente de 13 años que sufrió una violación. Cuando dieron aviso al OAL, ese organismo, que actúa cuando hay menores en riesgo o vulnerados en sus derechos, se negaron a asistir porque estaban fuera del horario de oficina.
Sólo cuando acudieron a la jefa máxima del área, la titular de la DINAF, Patricia Spoliansky, lograron levantar de la cama a uno de los agentes, que finalmente fue en auxilio de la jovencita.
Meses antes, en enero, la sigla OAL pasó a ser tristemente célebre tras la muerte de Luciana Rodríguez, de 3 años, a manos de sus padres. Dieciséis denuncias alertando sobre el maltrato del que era víctima la nena habían recibido. Pero nunca actuaron.
Más quejas sobre el OAL salen de boca de médicos del hospital Notti que para no entrar en polémica prefieren mantener en reserva su identidad. En diálogo con esta periodista uno de ellos contó que en varias ocasiones terminó a los gritos con sus funcionarios, porque algunos pacientes que son dados de alta necesitan determinadas condiciones socioambientales para volver a sus hogares y continuar su tratamiento. “No te escuchan. Terminan consiguiéndoles un subsidio de 1.000 pesos a las familias sin entender el contexto en su conjunto”, se quejaba el profesional.
Luciana, Julito o la adolescente víctima de abuso merecían respuestas menos erráticas por parte del Estado. ¿Es mucho pedir que las cosas cambien?
