Por Paola [email protected]
@paolapiquier
Las estadísticas confiables siempre colaboran para entender fenómenos o procesos sociales y políticos. Por eso, a mi criterio, resultaron esclarecedores varios números que se conocieron el domingo por la noche durante el programa televisivo Séptimo Día (Canal 7) con relación a la problemática de la tenencia de armas, sea de forma legal o ilegal.
La mesa no se armó en forma casual, sino a pocas horas de conocerse el caso de un niño de 10 años que terminó matando a su hermano de 6 e hiriendo a otra pequeña de 7 meses tras manipular un arma que su padre, un celador que trabaja en una escuela de Las Heras, compró con la idea de proteger a los suyos de la inseguridad.
¿Hubiera adquirido la 9 milímetros ese padre de familia si el especialista en seguridad y políticas sociales Martín Appiolaza le hubiera alcanzado a advertir que poseer un arma aumenta 12 veces los riesgos de morir, incluso cuando la intención es la de defenderse?
¿O hubiera seguido escuchando al dueño de la popular armería El Tirolés, Aldo Chesi, para quien la tragedia del barrio Santa Teresita es sólo un accidente frente a la no registrada cifra de cuántos son los que salvan tirando unos tiros al aire cuando los delincuentes andan por sus techos?
Posturas antagónicas, claro está, que terminaron coincidiendo en un punto: es escandaloso el aumento de la violencia social. En Argentina, el 65% de las muertes son producidas por armas de fuego. “Los cuerpos de ciudadanos acumulados por esta razón en los últimos 15 años llenarían el estadio Malvinas Argentinas (tiene capacidad para 42 mil personas)”, sentenció Appiolaza; y agregó: “En Comodoro Rivadavia y Cipolletti, dos localidades sureñas, ese porcentaje se eleva al 80%. A las armas, en estas ciudades, hay que sumarles el consumo de alcohol como agravante”.
“Esto pasa como consecuencia de la gran circulación de armas ilegales, no de las legales”, le contestó Chesi. Bajo esta concepción, se destapa otra cara del problema.
En el primer trimestre del año en la provincia se secuestraron 620 armas. Un poco más que en igual periodo de 2013, cuando los decomisos llegaron a 550. El encargado de confirmar estos resultados fue el subsecretario de Seguridad, Antonio Carrizo. ¿Eso es mucho o es poco?, es la lógica pregunta que surge cuando desde el oficialismo ventilan datos sueltos. Y resulta que gana la segunda opción, porque se calcula que esas armas son sólo el 30% de lo que podría encontrarse de existir más operativos, o mejores. Conclusión: 7 de cada 10 armas mal habidas siguen “en circulación” o sea “trabajando”.
El poder de fuego del hampa les quita el sueño a muchos mendocinos. No así al arco político dirigencial, que por ejemplo nunca pudo recuperar el 100% de las 3.000 armas que se robaron del depósito judicial ubicado en calle Sargento Cabral al 400 en el 2001. Chesi dijo durante el programa que se encontraron 1.800, no así otras 1.200. Nadie lo contradijo. Lo concreto es que en la órbita administrativa el caso se cerró el último día del año 2009, ante la “imposibilidad de continuar el sumario administrativo”.
¿Cómo se puede avanzar hacia un desarme real?, le pregunté a Appiolaza, un experto serio, responsable y reconocido: “Haciendo inteligencia para detectar el circuito ilegal y con políticas integrales. No alcanza el trabajo aislado del Ejecutivo o el Poder Judicial. Hay que acudir a organismos internacionales que manejan información; elevar de rango a los organismos del Estado ocupados en el tema y eficientizar la Policía. Por último, comprometer a toda la sociedad”.
Pedirles ayuda a los que saben ¿no? ¿Será posible algún día?
