Por Rosana [email protected]
Las condenas dejaron con gusto a poco a los padres de Matías Quiroga (21), el joven deportista asesinado en marzo del 2012 por una banda que asaltó un blindado en Godoy Cruz. Por ese crimen, sólo uno de los involucrados, Omar El Tanga Gómez, recibió prisión perpetua. Los otros tres implicados fueron condenados a 20 años de prisión, y debido a los delitos por los que se los penó –se los acusó de asalto y no de homicidio–, cuando cumplan la mitad de la condena podrían pedir salidas transitorias. Ya dos de ellos habían estado presos y recibieron beneficios carcelarios, por lo que la familia de Matías culpó al juez Eduardo Mathus, que fue quien les dio la salida. En la actualidad el promedio de beneficios que se otorgan no ha bajado, pese a la vigencia de la ley Petri que endurece las excarcelaciones: 2 de cada 10 presos que los piden terminan obteniéndolas. En lo que va del año son cerca de 180 internos los que consiguieron salidas transitorias, libertad condicional o libertad asistida. De mantenerse este promedio, a fin de año serán alrededor de 360 los presos con beneficios, superando las cifras de años anteriores, cuando fueron 240.
En los escritorios de los dos juzgados de ejecución penal los pedidos forman pilas de expedientes. Se calcula que por día son entre 8 y 10 los reos que acuden a esos jueces para pedir algún tipo de beneficio. A partir de ese momento será tarea de ese juez y dependerá de su criterio definir el futuro de ese preso, evaluando los informes que recibió del Organismo Técnico Criminológico (OTC) y del Servicio Penitenciario sobre el comportamiento de ese interno. “Actualmente la mayoría de la población carcelaria, que ronda los 3.800 internos, se rige por la antigua Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la 2.460. De hecho solo 600 ingresaron después de que se sancionara la ley Petri, por lo que son 3.200 los internos que si cumplieron la mitad de la pena y están en período de prueba pueden solicitar algún beneficio. De cualquier manera no es como la gente piensa, que todo el que lo pide lo consigue. Históricamente de cada 10 pedidos se otorgan dos”, confirmó el conjuez del Primer Juzgado de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento. En ese juzgado, que funciona en el penal de Boulogne Sur Mer, en lo que va del año se han resuelto 90 beneficios a internos. Cincuenta de ellos eran libertades condicionales, 25 salidas transitorias y el resto se trató de libertades asistidas. El segundo de los juzgados encargados de esta tarea funciona en el penal Almafuerte y desde mayo está en manos de la flamante conjueza Milagros Noli, quien fuera hasta hace poco la subdirectora del Servicio Penitenciario. Ella atiende las solicitudes de los internos de la cárcel en Cacheuta, en donde conviven actualmente 1.095 presos, y también del penal de San Rafael, en donde se alojan 422 presos. Por lo tanto se calcula que debió resolver en estos meses una cantidad de beneficios similar al de su colega.
Entre 2011 y 2013En un estudio realizado entre los años 2011 y 2013 sobre las peticiones de beneficios carcelarios de las 7 unidades de la provincia, se estableció que de 1.200 pedidos, el 53% se negó, el 10% no se resolvió y continuó en trámite judicial, el 18% permaneció ese tiempo en sede administrativa (en evaluación del OTC y la Dirección del Servicio Penitenciario) y el 19% se aprobó.
Lo que no se midió en ese estudio y tampoco se ha hecho hasta ahora es la reincidencia de los beneficiados, para saber quiénes de los que obtuvieron esos beneficios volvieron a delinquir.En vigencia
Actualmente en la provincia coexisten dos leyes de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que definen beneficios carcelarios.
Ley 2.460. Fija 5 delitos por los cuales no se otorgarán beneficios. Exceptúa a los reos condenados por:
- Homicidio criminis causa: mató para encubrir otro delito.
- Secuestro extorsivo seguido de muerte
- Secuestro coactivo seguido de muerte
- Violación seguida de muerte
- Homicidio en ocasión de robo
Ley 8.465. La ley Petri endureció el otorgamiento de salidas transitorias.
- Amplió excepciones. Sumó todos los tipos de homicidios, violaciones y robos agravados.
- Conducta ejemplar. El preso deberá tener ese desempeño en dos tercios de su pena.
- Sin conmutación de pena. Niega al gobernador la posibilidad de rebajar condenas.
“No pueden medir la reincidencia”
Si un preso recibe una salida transitoria, es tarea del Servicio de Control y Acompañamiento chequear que pase ese tiempo en el domicilio que fijó o que trabaje en el lugar que aseguró hacerlo. Pero este equipo de trabajadores sociales parece no bastar para controlar la cantidad de presos beneficiados, por lo que si lo incumplen, eso no se registra y por tanto no se puede medir si reinciden.
“No hablan de reincidencia porque no la pueden medir. Para limitar esto esta nueva ley fija que aquel que sea reincidente no podrá tener ni salidas transitorias ni libertad condicional”, apuntó el ahora diputado nacional Luis Petri (UCR), autor de la ley 8.465.
